La OCE manifiesta su apoyo al senador Jorge Robledo ante la arremetida uribista para acallarlo

NO RETROCEDERÉ ANTE LA INFAMIA

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 12 de junio de 2009.

Solo por una conspiración podría terminar acusado de tener o haber tenido algún vínculo con las Farc o con cualquier otra organización al margen de la ley. Pero como en Colombia estamos, me siento ante una conjura montada con irresponsabilidad o, peor aún, con una lógica tenebrosa y corrupta. Esta certeza tiene que ver con que, como es obvio, sé qué he dicho y hecho en cada pasaje de mis cuarenta años de vida política, regido siempre por las concepciones del MOIR, organización que nació con una posición de principios en contra de la lucha armada y el secuestro en Colombia.

Hay que ignorar la historia política de Colombia para no saber que el MOIR –al igual que otros sectores de la izquierda, la verdad sea dicha– no solo no participó ni respaldó moralmente la lucha armada, sino que siempre se le opuso en público, incluso cuando era bien difícil hacerlo. Además de las razones de principios, también explicamos que esa violencia estorbaba el logro de las transformaciones democráticas que el país requería y aún requiere, concepción que afortunadamente hoy pocos controvierten. Cuánto nos costó en esos momentos plantear, desde la izquierda, ese punto de vista, mientras actuaban al menos cuatro grupos guerrilleros con resonancia nacional e internacional, que contaron con cierta benevolencia social derivada de un régimen que ya era inicuo y del romanticismo que inspiró la revolución cubana. Bien complicado resultó derrotar una idea absurda que tuvo bastante fuerza: solo quienes respaldaban o justificaban la lucha armada podían reclamar para sí el honroso título de izquierdistas.

No nos habríamos vinculado al Polo Democrático Alternativo si la oposición a la lucha armada, al secuestro y a todo acto terrorista no fueran pilares del programa que unió a la izquierda democrática colombiana, posición que se ha expresado en decenas de declaraciones. Si hay un hecho de importancia histórica capital que ignorantes y politiqueros le niegan al Polo como un aporte positivo suyo al avance de las concepciones democráticas en el país, es que esta organización sentó veredicto sobre lo inaceptable de prácticas que se presentan como legítimas porque se realizan en nombre de la izquierda. Falta a la verdad, y lo hace con fines protervos, quien diga que esto no está claro en el Polo. De lo dicho se deduce algo que tampoco se puede dejar pasar: la lucha armada y el secuestro tampoco fueron legítimos antes de la Constitución de 1991.

Ante esta historia, confirmada por décadas de actuaciones públicas impecables que el país bien conoce, no dejó de sorprenderme, con ingenuidad que reconozco, que por petición de la Policía el Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, decidiera abrirme indagación preliminar por “presuntos vínculos con grupos al margen de la ley”. Aunque este acto jurídico no constituye una acusación, sin duda sí me lesiona políticamente, así luego se confirme, como estoy seguro que sucederá, que no he hecho nada que justifique esta indagación.

Con toda la tranquilidad de mi conciencia responderé a cualquier requerimiento, pero por ello mismo rechazo indignado lo que mi íntima convicción me lleva a calificar como una siniestra conspiración en contra mía por parte del gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez, gobierno que ha mostrado hasta dónde es capaz de llegar cuando en la propia Casa de Nariño se reunieron altos funcionarios de ese despacho y del DAS con delegados de reconocidos narcotraficantes para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia.

Me están cobrando mi frontal oposición a las políticas del gobierno, más los debates, entre otros, contra los TLC en el país y en el exterior, el tapen tapen presidencial para proteger a los parauribistas, la inmoralidad del ministro de Justicia, los negocios de los hijos del Presidente y el propósito de convertir a Colombia en una tiranía. Además, intentan silenciarme, al igual que amilanar al Polo y a todo aquel que se oponga al uribiato.

Pero que el Presidente Álvaro Uribe sepa que este senador, que se esfuerza por representar con dedicación y honradez la dignidad nacional y la democracia auténtica, no se va a silenciar. Y estoy seguro de que tampoco retrocederán los demás que resisten desde otras concepciones.
Cuán orgulloso me siento de no haber votado por el Procurador General de la Nación.

¿ES CARLOS GAVIRIA LA VERDADERA “HECATOMBE”?

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, junio de 2009.

Desde hace algún rato los Plinios del periodismo colombiano han desatado un infamante ataque contra Carlos Gaviria. “Anti reeleccionista reeleccionista”, al que se le imputa “un mando excluyente y disolvente” del Polo; inspirador “del suicidio asistido” del Polo; que quiere consolidar un partido “con la ortodoxia que lo rodea”; y, como en la orquestada campaña unos se citan a otros, alguno concluye, con base en expresiones como las aquí consignadas, que “en el Polo sólo van a quedar los más rancios estalinistas, los mamertos agrios y ciertos manzanillos cuya ambición pecuniaria y burocrática es más que evidente”. En la variada amalgama constituida se han incorporado también ciertas plumas que conservan el remoquete de “izquierdistas”, como otrora militantes de grupos insurgentes o como tolerantes con los mismos en épocas pretéritas. Se completó un “arco iris” de críticos que valida con ese pluralismo la justeza del ataque. No hay una sola refutación a las tesis de Gaviria, sólo descalificaciones y diatribas en los que, desde luego, no se ahorran ni modos ni formas, desde equipararlo con Uribe y Kim Jong Il, a la vez.

Cualquier ciudadano podría preguntarse cuál es la verdadera razón por la cual Carlos Gaviria es hoy la personificación del Anatema. Basta escuchar una reciente entrevista suya en televisión entregada a la periodista Margarita Vidal para encontrar el leitmotiv de la panda en mención. Al responder sobre las propuestas principales para Colombia, Gaviria no vaciló en destacar tres: 1) Rescatar la Dignidad Nacional, reprobando el indignante estado de postración de Colombia frente a Estados Unidos y buscando una relación de respeto mutuo, entiéndase sin Plan Colombia, sin bases militares, ni tratados comerciales colonialistas; 2) Un cambio de modelo económico, donde el Estado retome la orientación de la economía y el rumbo principal de la política pública sea hacia el pleno empleo de todos los recursos productivos empezando por el trabajo y haciendo para ello las reformas institucionales a que haya lugar; 3) La plena vigencia de la democracia, entendida como el ejercicio de los derechos fundamentales y ello como base de la seguridad en todos los campos para todos los asociados.

Esa claridad, sin ambigüedades, libre de retorcidas y altisonantes oratorias o de ridículos chascarrillos para ocultar las causas primeras de los males del país y la indispensable terapia que se requiere para erradicarlos, hace de Gaviria, el único, sí el único candidato, que se sale del libreto de las viejas concepciones imperantes. Que pugna por conducir a la Nación por el camino del ejercicio cabal de las libertades ciudadanas, desechando el miedo como soporte del poder, enfrentando las suciedades políticas, que han hecho de la democracia colombiana algo menos que una “de papel”, y revocando al, ése sí ortodoxo, neoliberalismo, que acabó por convertir a la sociedad nacional en una de las más desiguales del mundo. Por eso Gaviria es de Izquierda Democrática, por eso no es indiferente al proyecto uribista, ni a la reelección de su Sumo Pontífice ni a la escogencia del prosélito que imponga en el acto de ventrílocuo que también ensaya y en el cual muchos se relamen por representarlo aún a costa de envilecer su propia identidad.

La amplitud del proyecto de Carlos Gaviria la sintetizó él mismo en un artículo aparecido en El Tiempo el pasado domingo 7 de junio: “ningún demócrata que de verdad lo sea”, “no sería renuente a compartir” las metas propuestas en el Ideario de Unidad del Polo, dentro del cual se circunscriben sus proposiciones en esta campaña hacia la Presidencia. Los intelectuales colombianos no consideramos a Carlos Gaviria como poseedor de una inteligencia superior pero sí de una honestidad egregia, a contramano de la de algunos de estos gacetilleros, que, cuando abandonan las teclas del computador, vuelven a lo que realmente los desvela, los negocios y las comisiones que derivan de ahí, en los cuales se comportan a semejanza de los hijos del Ejecutivo.

Sin duda, Carlos Gaviria es una verdadera “hecatombe” para ellos, para sus símiles o para quienes están detrás de sus infamias.

ALERTA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: URIBE DESTRUYE LA DEMOCRACIA PARA REELEGIRSE

RECALCA, Bogotá, junio 11 de 2009

Alertamos a la comunidad internacional, a los gobiernos y parlamentos del mundo, a las centrales sindicales, movimientos sociales y a los organismos de derechos humanos, sobre la gravísima situación que estamos sufriendo en Colombia por cuenta de la agudización sistemática de los ataques del gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra las instituciones legítimas del país y contra quienes cuestionan y promueven alternativas a sus políticas por vías democráticas y pacíficas.
Múltiples hechos ponen en evidencia esta dramática situación:

· El acecho contra el poder judicial, a cuyos integrantes ha vigilado, calumniado y desconocido sistemáticamente, lo cual ha obligado la presencia de un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial y otro sobre las llamadas ejecuciones extrajudiciales, las cuales constituyen un crimen de Estado ampliamente documentado.

· La persecución contra dirigentes sociales, acusándolos irresponsablemente y sin pruebas de ser miembros de organizaciones armadas en Colombia, como lo acaba de hacer en su visita a Canadá, amenazando con capturarlos con el apoyo de otros gobiernos.

· La persecución contra destacados dirigentes políticos de oposición, como Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez y Jaime Caicedo, contra quienes la Procuraduría -institución sometida a los intereses del Presidente- ha abierto investigación disciplinaria, basada en supuesta evidencia de vínculos con grupos ilegales, en un acto más de manipulación de la justicia para perseguir contradictores políticos serios, respetados y legítimos y cerrar espacios democráticos por la vía de su criminalización.

· La amenaza de convocar a una Asamblea Constituyente para cerrar el Congreso de la República, si no se aprueba el referendo que le permitirá reelegirse.

· La persecución hacia importantes y reconocidos líderes indígenas, como Feliciano Valencia, Aida Quilqué y Daniel Piñacué, contra quienes se han expedido órdenes de captura, desconociendo la jurisdicción indígena claramente establecida en la Constitución Nacional.

· El recrudecimiento de los ataques y asesinatos de los líderes de las confederaciones de trabajadores del país, por lo que la OIT ha vuelto a incluir a Colombia en la lista de vigilancia de la Comisión de Aplicación de Normas, mientras que la Central Sindical Internacional ha vuelto a confirmar que de los 76 sindicalistas asesinados en 2008, más de la mitad lo fueron en Colombia.

· Los escándalos que rodean al gobierno todos los días se multiplican. La vinculación de altos funcionarios del gobierno con los grupos paramilitares, las interceptaciones telefónicas a miembros de las Cortes y de la oposición como parte de un programa sistemático de seguimiento a los mismos. las ejecuciones extrajudiciales y la presión sobre el Congreso para que apruebe la reelección, entre otros hechos.

En los últimos días, esta situación se ha agravado y Uribe Vélez ha pretendido, con numerosos viajes al extranjero y haciendo esfuerzos por suscribir lesivos tratados, tender una cortina de humo ante la opinión pública internacional, buscando apoyos a costa de enajenar el patrimonio nacional, aceptar toda clase de condicionamientos onerosos y distraer la atención sobre las realidades de su gobierno, acusando a todo el que se le opone de ser cómplice de actos terroristas, que han sido ampliamente condenados por quienes participan del movimiento indígena, social y de la izquierda democrática, a la cual el Gobierno estigmatiza y persigue.

Hacemos un llamado a todos los gobiernos y pueblos del mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano que sufre el resultado de 7 años de ataques a la democracia por parte de Álvaro Uribe Vélez. Las medidas del Gobierno, dirigidas al cierre de espacios democráticos, la centralización del poder en el Presidente y en los órganos del ejecutivo y de la fuerza pública, con vínculos evidentes con el narcotráfico y con el paramilitarismo, se están incrementando a medida que crece el cerco de las acusaciones, investigaciones y evidencias sobre las acciones ilegales y criminales del Gobierno.

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez pretende asfixiar las ya limitadas libertades constitucionales, desmantelar los derechos ciudadanos y colectivos, perseguir y silenciar cualquier forma de oposición democrática y entregar al mismo tiempo la riqueza y soberanía del país a cambio de obtener respaldos internacionales que le permitan superar su evidente ilegitimidad. La sociedad y la democracia Colombiana enfrentan a esta hora una gran amenaza que proveniente de su Gobierno.

Exigimos a los Jefes de Estado y a los Parlamentos de los países que están negociando o en proceso de ratificación de un Tratado de Libre Comercio con el gobierno colombiano, detener estos acuerdos que profundizarán la situación de pobreza, desplazamiento y violencia en Colombia y le darán al Presidente Uribe el respaldo que busca para consolidar su proyecto autoritario.

* Recalca congrega a 50 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.

ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Universidad Nacional, Bogotá, 18 y 19 De Abril de 2009

Presentación

La ofensiva privatizadora del gobierno se destaca en las distintas universidades del país, es más evidente el deterioro en todos los órdenes de la institución llamada a ser la conciencia crítica de la nación y la custodia por naturaleza de los derechos humanos. En este sentido lo que se encuentra en juego hoy es la esencia misma de la universidad su carácter crítico y transformador, donde se quiere imponer un modelo servil al mercado y regulado por éste. Por ello la discusión esencial debe ser sobre la implantación de este modelo como un retroceso y ataque a la universidad pública, a su calidad y pertinencia social. Es así como se vienen aplicando y concretando una seria de reformas estructurales que apuntan al desmonte de la autonomía universitaria, y las consecuencias nefastas que esto conlleva.

Los caminos de la concurrencia y la ley de quiebras, son reafirmadas por el régimen como la salida más acertada a la crisis financiara que padecen las instituciones públicas de educación superior, esta situación se agudiza sistemáticamente en universidades como: la Universidad de Caldas, Universidad del Valle, UPTC, UTP, UPN, U Pamplona, por mencionar alguno de los casos más pregonados por la ministra de educación y sin olvidar el lamentable desenlace de la Universidad del Atlántico. Y ni que decir de las múltiples reformas académico-administrativas que se han venido implementando, que socaban la calidad academica, la democracia y la autonomía universitaria; su piloto sin duda a sido la Universidad Nacional de Colombia, donde la aplicación de la reforma este semestre ha traído graves problemas estructurales de calidad, y que se ha impuesto de forma desordenada y con consecuencias que están asumiendo estudiantes y docentes, donde la administración ha tenido un actitud negligente frente a esta situación.

Pero además, este modelo de universidad viene acompañado de señalamientos y criminalización de los derechos civiles y políticos de los universitarios y el pueblo en general. En lo corrido del año las amenazas a los activistas universitarios se acerca al centenar, con tendencias a aumentar en las universidades donde existen mayores niveles de respuesta y rechazo a la política fijadas por el gobierno de Álvaro Uribe. En general hoy nos enfrentamos a una política que pretende consolidar un tipo de universidad, que no responde a los intereses del pueblo colombiano.

Esta situación exige una respuesta coordinada de los nunca rendidos, de las y los jóvenes universitarios que templan la dignidad del pueblo con el grito callejero que exige sus derechos, que somete el terror y disipa el miedo con una tormenta de libertad. Llamamos a todas y todos los universitarios a perturbar los silencios, al franco debate de los que nos une y a prescindir de lo que nos separa, con este espíritu de fraternidad y compromiso, bien venido sea el encuentro nacional de estudiantes universitarios.

Objetivo General

Establecer el grado de implementación de la política de educación superior del régimen de Álvaro Uribe en la universidad Colombiana e iniciar las discusiones organizativas de los estudiantes universitarios en la perspectiva de articular y unificar la movilización social. Todo ello con miras a desarrollar una propuesta conjunta que aporte en la construcción de un modelo alternativo universidad de cara a las transformaciones que requiere el país.

Objetivos Específicos

1. Generar un espacio de encuentro e intercambio del estudiantado universitario que permita hacer diagnósticos y propuestas conjuntas que le hable y proponga al país desde el papel de la universidad en la actualidad.

2. Analizar el estado actual y las implicaciones del modelo educativo para la educación superior en Colombia.

3. Reconocer las expresiones recientes de resistencia y lucha de los universitarios en el país con el propósito de establecer una agenda conjunta de movilización.

4. Discutir sobre las formas organizativas que demandan los estudiantes universitarios.

Preparación: En el marco del desarrollo metodológico del encuentro se requieren tener en cuenta los siguientes elementos: La preparación política y logística, en todas las universidades de forma unitaria entre todas las organizaciones y expresiones estudiantiles. Los informes por Universidad: en lo posible debe ser por escrito con un tiempo máximo para su exposición de 10 minutos. En cuanto a su contenido, debe incluirse tres bloques 1.Estado de las reformas: reformas académicas, calidad, presupuesto. 2.Democracia y autonomía universitaria: DDHH, autonomía y gobierno universitario 3. Situación del movimiento estudiantil: luchas, reivindicaciones, procesos organizativos y nivel de coordinación.

Orden del Día

Sábado 18 de Abril
9:00 a.m. -10:00 a.m. Panel: Implicaciones de la contrarreforma de la Universidad Nacional en la política de educación superior en Colombia. Profesores UN.
10:00 a.m.-1:00 p.m. Informes por Universidad
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. - 4:00 p.m. Informes por Universidad.
4:00 pm – 6:00 pm. Instalación de las Comisiones de trabajo 1. Caracterización de la situación universitaria 2. Organizativa 3. Agenda de Movilización 2009
Domingo 19 de Abril
9:00 a.m. - 11:00 a.m. Trabajo por comisiones.
11: 00 a.m. a 1:00 p.m Plenaria General - Conclusiones
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. a 4 pm. Plenaria General - Conclusiones

Lugar: Universidad Nacional De Colombia sede Bogotá
Convocan:
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES- ACEU

FEDERACION UNIVERSITARIA NACIONAL COMISIONES-FUN COMISIONES MODEP

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES-OCE

FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS- FEU

COMUNA UNIVERSITARIA
Apoya: MULTIESTAMENTARIA NACIONAL FEDERACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS

Nada que Festejar: ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS

Comisión de Comunicaciones, Medellín, marzo 29 de 2009

La declaración final, suscrita por ochenta y siete organizaciones nacionales y de todo el continente, además de hacer una crítica severa a la acción del BID como promotora de concentración de la riqueza, de expansión de la pobreza, del aumento de la dependencia, de la depredación ambiental y el desplazamiento, entre otras secuelas negativas, y plantea un conjunto de exigencias y propuestas que van desde sanción a los responsables de esas políticas, el reconocimiento del carácter de deudor del BID, la realización de auditorías a los créditos, la restitución de derechos conculcados y el reconocimiento de indemnizaciones, entre otras.

De la misma manera, la DECLARACIÓN DE MEDELLÍN, plantea la necesidad de una nueva estructura financiera para apalancar el desarrollo, de forma que se sustituya el BID por entidades en las que las decisiones sean tomadas por los países considerados en pié de igualdad y no de acuerdo al número de acciones que posean, y que tengan en el centro de su operación la economía al servicio de la mayoría de los seres humanos y de la naturaleza, y no a la inversa como es hoy.

El pronunciamiento final de la ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS, que será publicado junto con las memorias del evento, exige también una nueva forma de relación entre los países, de tal manera que estas se basen en el respeto mutuo y el beneficio recíproco, y un nuevo modelo de desarrollo fundado en la soberanía, la democracia y el concepto ancestral de las comunidades indígenas del “buen vivir”.

Las organizaciones participantes y que suscribieron la declaración, han profundizado su unidad, han logrado un enriquecedor intercambio de conocimientos y opiniones, y han reafirmado también el compromiso de redoblar esfuerzos para el logro de una sociedad equitativa, justa, democrática y respetuosa con la naturaleza.

En los cinco foros, el académico, el de acreedores, y los tres populares, y en los talleres temáticos se inscribieron y participaron dos mil personas de manera directa, y fueron seguidos por internet, por cerca de mil setecientas más. En la marcha de la tarde del jueves 26, que fue disuelta de manera arbitraria por la policía al llegar al Parque de Berrío, participaron más de siete mil ciudadanos y ciudadanas de todas las condiciones sociales. La suma de participantes de esta manera se supera ampliamente los diez mil, cifra que supera los cálculos de los organizadores, y demuestra el interés de la ciudadanía por conocer la opinión de quienes consideran que no hay nada que festejar cincuenta años despúas de iniciadas las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo.

¿DEL DESASTRE AGRARIO A LA PRESIDENCIA?

Jorge Enrique Robledo, Senador PDA, Bogotá, 6 de febrero de 2009.

En medio de la descarada violación de las leyes que juró cumplir, Andrés Felipe Arias destapó su ambición presidencial, porque, dijo, así se lo pidieron unos amigos. Pocos debieron de ser. Porque si se exceptúa a unos cuantos favorecidos, para los demás colombianos la política agraria es un desastre.

Si se cerraran las importaciones de alimentos, Colombia sufriría una hambruna. El país se quedaría sin pan ni pastas, sin cerveza ni maíz y sus derivados, es decir, sin arepas ni huevos ni carne de pollo y de cerdo. La escasez de granos (fríjol, lentejas, garbanzos) sería mayúscula, y el precio de los alimentos se iría a las nubes. Esto porque, según la SAC, de 2002 a 2007 las importaciones agrarias pasaron de 4.4 a más de ocho millones de toneladas, cifras que comprueban que los principales beneficiarios de la política oficial son los productores extranjeros y los importadores. ¡Y eso que el TLC se les empantanó!

Como el año pasado el precio de los alimentos se incrementó en 11%, la inflación general –de 7.67%– sobrepasó el aumento de los salarios, pero peor les fue a los más pobres, porque la proporción de su gasto en comida supera la del resto de los colombianos. Esto ocurrió porque se prefiere producir combustibles a alimentos y por el aumento de los precios de la comida importada, precios sobre los que el gobierno echó el cuento de que serían menores, para justificar los daños a la producción nacional y el TLC. Además, el agro creció menos que los otros sectores de la economía y el desempleo y la pobreza rural le suman a la violencia como causas de dos millones de nuevos desplazados entre 2002 y 2008.

Que Colombia haya perdido su seguridad o soberanía alimentaria tiene como responsables criollos a personajes como Arias y Uribe, pues hay tierras, aguas y gentes de sobra para autoabastecer el país. Fuera de facilitar las importaciones, mantuvieron el sesgo antiagrario de la política económica, sesgo que ilustra que el agro aporte el 11% del PIB y apenas reciba el 3% del crédito nacional.. Y los préstamos se concentran en un puñado, mientras al resto le tocan los agiotistas. No obstante lo macho como se presenta con tanta frecuencia ante las cámaras, el minagricultura tembló ante los monopolistas, que hacen lo que les da la gana con los precios de los insumos agrícolas y con lo que pagan por las cosechas. En el café, cuyos precios internacionales subieron no por obra del gobierno, se perdieron billones de pesos por la revaluación. Y el campo sufre por los altísimos impuestos a los combustibles y por unas vías convertidas en caminos de herradura.

Con el caso Carimagua, Arias, digno ex funcionario del FMI, hizo profesión de fe por la plutocracia y no por la democracia, es decir, por el gobierno de los ricos y no por el del pueblo. ¡Y de los ricos de verdad! Intentó que las 18 mil hectáreas no fueran para los campesinos desplazados y ni siquiera para varios empresarios, sino para uno solo, que para poder aspirar a ese premio gordo tenía que demostrar ingresos agrarios por 50 mil millones de pesos en los años anteriores. En Semana (Mar.11.08), el ministro afirmó que si a los pobres del campo les daban tierra, se volvían guerrilleros o paramilitares, silenciando que el 70% del valor en el agro lo genera el campesinado, a pesar del abandono estatal y la pobreza. Y fue capaz de afirmar que Colombia debía imitar el modelo malayo, tema del que no volvió a hablar cuando en el Senado se explicó que en Malasia hay una monarquía corrupta, con haciendas palmeras de 12 mil hectáreas en promedio y donde los jornaleros trabajan en condiciones miserables.

Bastantes escándalos por corrupción e indelicadezas, con paramilitares y todo, sacudieron dependencias del Ministerio de Agricultura. Afortunadamente, se hundió la ley de bosques, que apuntaba a arrasar las selvas naturales de Colombia. De la llamada ley “de desarrollo rural” la Procuraduría dijo que era anti pobres del campo.. En un pasaje que en otro país le hubiera costado el puesto, Arias adujo que los indígenas tenían 31 millones de hectáreas, lo que los hacía algo así como latifundistas, mientras que con dolo ocultó que el 90% de esas tierras son selvas, parques naturales, desiertos y páramos, lo que no las hace aptas para la explotación agropecuaria. Persiguió los mataderos locales y la economía campesina en los negocios lácteo y avícola. E intentó financiar su clientelismo con un impuesto a la leche.

¿Carece, entonces, Andrés Felipe Arias de méritos para ser candidato? Por el contrario, sus favorecidos sostienen que los tiene todos.

CONSIDERACIONES A LA REFORMA NEOLIBERAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Enero de 2009

Las principales instituciones de educación superior del país vienen siendo sometidas a profundas reformas académicas e institucionales, en una lógica de amoldar el aparato educativo nacional a una política que nos conduce al subdesarrollo y al anquilosamiento científico y tecnológico. El presente documento se propone hacer algunas consideraciones sobre los motivos y fuentes que inspiran la contrarreforma universitaria que se impone en las diferentes universidades públicas colombianas. Tal contrarreforma tiene su origen en las recomendaciones y lineamientos que para el sector de educación superior de los países del tercer mundo, han elaborado los organismos supranacionales[1], instituciones cuyo propósito es el de servir de agentes propulsores de las políticas de las potencias mundiales, y en particular del capital financiero, en el actual escenario de la división internacional del trabajo.

La globalización neoliberal ha reestructurado las economías nacionales y reordenado la economía mundial, afianzando la localización de los procesos de producción. Es una política definida por los grandes centros de poder, al servicio del imperialismo, que la producción que exige conocimiento de punta y alta tecnología siga concentrada en las naciones desarrolladas, mientras que a los países de la periferia, subdesarrollados como el nuestro, se les impone el modelo de formación en competencias, que renuncia soslayadamente a reivindicar lo más elevado del conocimiento e instituye un modelo que prepara al país en las habilidades y destrezas necesarias que suplan la mano de obra barata requerida por las maquilas o talleres de subcontratación laboral de propiedad de los grupos multinacionales o sus socios nacionales. Es en este escenario donde encuentra asidero la afirmación: "Quizás estemos enseñando demasiado, entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado" expresada por el ex rector Marco Palacios para justificar la reforma académica impuesta por el uribismo en la Universidad Nacional de Colombia.

Según algunos analistas, la transformación acaecida a los sistemas educativos nacionales en el contexto de la globalización neoliberal se da en el marco de una división del trabajo internacional universitario que "ha reservado la producción del conocimiento de punta a los centros de investigación más poderosos del mundo, para dejar en manos de las universidades ubicadas en los márgenes, la adaptación de tales conocimientos a sus realidades locales y específicas, y la formación de los cuadros medios que reclama el fordismo precarizado en el que se apoyan las empresas de clase mundial" (Ibarra, 2006: 36).

Es en esta ruta que Colombia, con la anuencia de los sucesivos gobiernos, transita, desde hace dos décadas aproximadamente, aplicando a rajatabla los postulados neoliberales consignados en el Consenso de Washington. Tal documento, fundamento de las reformas acaecidas en la mayoría de países latinoamericanos desde la década del 90, precisa para el sector de la educación "la descentralización financiera y la reducción de la inversión además de obligar a la centralización pedagógica desde el currículo único, la evaluación por competencias y la formación de docentes en administración educativa. (Ruiz, 2005) Los planes educativos promovidos por los diferentes gobiernos no han sido otra cosa que la reproducción criolla de los mandatos imperiales que, a través de las agencias internacionales de crédito, ha impulsado el gobierno norteamericano para consolidar sus intereses geopolíticos.

La educación ha dejado de ser considerada un derecho para convertirse en un servicio público (léase negocio), según la definición del artículo 67 de la Constitución Política. El acceso, sobre todo a la educación superior, está ligado a la capacidad económica del interesado. Asimismo se ha renunciado, por parte de los que aúpan el neoliberalismo en la educación superior y a su vez entregan el país, a concebir la universidad como un componente estratégico en el desarrollo nacional. Asistimos a un escenario donde "las universidades comienzan a ver alterada su identidad como instituciones de los saberes, hacia la construcción de una nueva identidad que las asemejaría al 'supermercado', donde el estudiante se torna cliente, los saberes devienen mercancía, y el profesor un asalariado enseñante." (Mollis, 2004)

Como lo ha analizado profusamente el profesor Jairo Estrada[2] (2002), a partir de la relectura del Banco Mundial, sobre "el papel de la educación en el proceso de globalización capitalista, se habían formulado las bases de los nuevos lineamientos de la política educativa tanto en lo referente a sus funciones como a los esquemas de financiación. Desde entonces ya se apreciaba una orientación hacia las llamadas competencias básicas y los modelos de financiación basados en la demanda, y se consideraba la conveniencia de configurar un entorno institucional adecuado a esos propósitos. Por ese entorno, se comprendía la organización de la educación de acuerdo con la lógica del mercado o la organización de un mercado educativo abastecido con dineros públicos."

Lejos de lo que pregonan sus promotores, la actual contrarreforma educativa cristaliza un modelo que apunta a resolver las necesidades del mercado de mano de obra barata y con algún nivel de calificación, con el agravante de que el actual modelo económico está basado en la especialización del país en la producción de materias primas, productos tropicales, venta de bienes y servicios e instalación de procesos productivos intensivos en mano de obra pero escasos en el uso de tecnologías y conocimientos científicos, con lo que una universidad científica que imparta lo más elevado del conocimiento se vuelve impertinente, haciéndose necesario, desde el discurso oficial, transformar la universidad colombiana en un instrumento del enclenque sector empresarial y las filiales de las corporaciones multinacionales que funcionan en el país. Su único papel, suplir las necesidades laborales.

Si bien nadie se opondría a que la universidad pública tenga en cuenta los requerimientos del mundo del trabajo, lo que es cuestionable es que se la destine a esta única función y se establezca como su fin primordial, mientras se avanza en sustraerle el contenido científico y en quitarle su papel privilegiado en la creación, producción y transmisión de conocimientos que contribuyan a resolver el problema del subdesarrollo nacional. Es en este aspecto en el que se centra la discusión. Las diferentes reformas internas y externas al sector universitario del último tiempo han estado encaminadas a convertir las universidades en centros de entrenamiento laboral, papel importante que cumplen otras instituciones como el SENA, pero que no es el que le corresponde en una nación que no ha alcanzado los niveles de desarrollo propios de los países del primer mundo.

Tiene que ver la actual contrarreforma educativa con la apuesta de país de los actuales gobernantes. El (I) modelo educativo ha respondido en general al (II) modelo de desarrollo, es decir, el primero es consecuencia del segundo. Como la propuesta oficial es mantener el país en el subdesarrollo, con propuestas y políticas como los tratados de libre comercio, es evidente que la intención es que el aparato educativo responda a este modelo. Por ello las propuestas y medidas de reducir las carreras, contenidos y número de horas por asignatura, y de institucionalizar la formación por competencias y los créditos académicos. La regla que se desprende es que a un país pobre le corresponde una educación pobre. Para un país subdesarrollado una educación subdesarrollada, tal es la propuesta del uribismo para la educación pública.

La "revolución educativa", programa bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para el sector educativo, viene planteando como uno de sus componentes principales orientar la educación superior hacia la educación técnica y tecnológica, aspecto altamente relacionado con la controversia que se plantea y que se constituye en un hecho que confirma lo juicioso que es el actual gobierno en atender las recetas del Banco Mundial. El programa de "universidades tecnológicas" es un lineamiento de este organismo multilateral de crédito, dirigido a debilitar y extinguir la universidad pública. Para el investigador John Saxe-Fernández[3] (2006), este es "Un mecanismo utilizado para capacitar personal en labores técnicas inmediatamente requeridas por las empresas, es decir, egresados de visión acrítica y angosta sin formación en la tradición humanista, la historia y los fundamentos del conocimiento científico general, que debe de tener cualquier profesional de las artes, las ciencias naturales o sociales", con lo que se desnaturaliza la universidad de su función primordial de investigar y de promover un conocimiento que coadyuve a resolver los grandes problemas de la sociedad y la nación, y se la pone a girar en la órbita reducida del mundo empresarial y del mercado.

Para los propósitos señalados, el gobierno nacional creó el observatorio laboral para la educación superior, organismo encargado de hacer el seguimiento a los egresados de las universidades colombianas en cuanto a su inserción en el mercado laboral. Los informes de dicho ente, según la política oficial, deben ser la referencia inmediata para la apertura de cupos y la definición de los pregrados que oferten las instituciones de educación superior en el futuro. Con ello se busca profundizar la tan cacareada pertinencia, que se convirtió en norma para la existencia de cualquier programa académico mediante el decreto 2566 de 2003, de la administración Uribe.

Que el objetivo de la actual política gubernamental es condicionar la existencia de la universidad a los requerimientos del mercado no debe dejar lugar a dudas. Así lo confirman los aspectos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo[4], PND 2006-2010, cuyo texto plantea que, en el caso de la educación superior, "para mejorar la pertinencia y la calidad se fortalecerán los mecanismos de información sobre el comportamiento y requerimientos del mercado laboral y se continuará con la evaluación de programas académicos, para que en el año 2010 el 100% de ellos cuente con las condiciones mínimas de calidad verificadas". Es importante destacar que la pretendida calidad y el concepto de pertinencia que hacen parte de los discursos oficiales están delimitados claramente por el decreto 2566 de 2003, que regula los requisitos para la existencia de programas académicos, en cuyo articulado se plantea, como condición sine qua non para la apertura de cualquier programa académico, su "pertinencia en el marco de un contexto globalizado" y las "oportunidades potenciales de desempeño y tendencias del ejercicio profesional o del campo de acción específico"[5].

Cabe destacar que la educación no fue tratada como tema especial en el PND 2006-2010. Es así como las referencias principales están incluidas en una de las cinco acciones estratégicas propuestas por el gobierno para fortalecer su agenda interna en lo que ha llamado "estrategia de desarrollo productivo". La acción estratégica a la que nos referimos se denomina "capital humano"[6] definida como una de las tareas fundamentales: "El desarrollo de competencias para la generación y utilización del conocimiento, así como su pertinencia para hacer posible la inserción productiva en el mercado laboral." Es evidente el uso de un lenguaje mercantilista para definir las principales líneas de orientación del sistema educativo, supuestos que impulsan la andanada de reformas a las principales instituciones de educación superior.

El amoldamiento del sistema educativo a una lógica mercantilista apunta a entronizar la formación por competencias, concepto que, desde la perspectiva más usada, está ligado al mundo de la reingeniería empresarial en el sentido de promover destrezas que generen rentabilidad y competitividad. Así desarrolla la apuesta gubernamental el tema: "En lo que se refiere a la educación, los esfuerzos estarán orientados al fortalecimiento y la articulación de todos los niveles: desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo la formación para el trabajo. Para ello se fomentará y apropiará el enfoque de formación por competencias. El mejoramiento de la calidad y competitividad en el sistema educativo es fundamental en este contexto y por eso se buscará que para el año 2010 el Ministerio de Educación haya revisado y actualizado todos los estándares en competencias básicas, adelantando procesos eficientes para la apropiación de aquellos formulados en las 78 entidades territoriales certificadas. En el nivel superior, se iniciará la implementación de los estándares de competencias, los cuales se evaluarán a través de los ECAES." (PND, 2006-2010)

Son evidentes las recomendaciones de los organismos supranacionales en este asunto, al punto que "el término competencias es retomado por las agencias multilaterales en 1994, cuando el Banco Mundial en el documento: 'La enseñanza superior: Las lecciones derivadas de la experiencia', relaciona específicamente la educación con las políticas económicas y empresariales" (Orozco-Garcés, 2005). El documento promovió además una reducción de los gastos por estudiante y propuso privatizar la educación. Lo perjudicial de esta concepción es que alienta un tipo de educación universitaria enfocada principalmente en la adquisición de ciertas habilidades y destrezas, que se ve reflejada en el cambio de los currículos y planes de estudio, en desmedro de una formación basada en la adquisición de conocimientos avanzados.

Estamos en presencia, con la imposición de este discurso, de una renuncia explícita al desarrollo científico-técnico del país. Desde esta perspectiva, el objeto de la universidad pública no es servir al desarrollo nacional e insertarse en las grandes ligas del conocimiento –con el fin de poner esos acumulados a resolver los principales problemas de la sociedad, que impiden el progreso y el bienestar de nuestro pueblo–. Por el contrario, la función que se le asigna a la educación superior es cualificar los operarios que resulten de las necesidades de una economía neocolonial, como la que se instituye con los tratados de libre comercio, donde está demostrado que no es posible alcanzar los estadios de desarrollo a los que han llegado los llamados países del primer mundo.

Las competencias, como herramientas que pueden ser utilizadas en los procesos cognitivos, han sido "transformadas en el objetivo del mismo (del proceso de aprendizaje), al ser abandonado el conocimiento destinado a ofrecerles a los estudiantes los elementos críticos indispensables para orientarse en uno o varios campos del saber. Ya no se aprende para comprender y explicar sino que se aprende a aprender, que termina siendo un aprendizaje para aprehender, en el sentido estricto que le reconoce la Real Academia Española: 'Concebir las especies de las cosas sin hacer un juicio de ellas o sin afirmar o negar', es decir, sin distancia crítica." (Moncayo, 2007: 49) La posibilidad de criticar, disentir, pensar diferente y todo aquello que se salga de los moldes queda limitada.

No es una exageración concebir esta tendencia, sumada al proceso de privatización galopante y de reducción de recursos del Estado, como la principal amenaza al funcionamiento y existencia de la universidad pública en el mundo, "en lo que el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, ha calificado como la 'dictadura del pensamiento único' " (Saxe-Fernandez, 2006: 6), lo que obliga a profundizar los análisis y a levantar el mayor movimiento que se contraponga a la visión neocolonial y atrasada de universidad pública que está imponiendo la política oficial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÁNTARA, Armando. 2000. "Tendencias mundiales en la educación superior: El papel de los organismos multilaterales". www.monografias.com
ESTRADA, Jairo. 2002. "Organización mercantil y privatización de la educación. La mano dura de la ley". Revista Educación y Cultura, No. 61, Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, Bogotá, D.C.
IBARRA, Eduardo. 2006. ""Capitalismo académico" en los márgenes". Ensayos críticos Nº 2, Bogotá. http://www.espaciocritico.com
MIÑANA, Carlos. 2006. El contexto de las reformas académicas en la educación superior. Ensayos críticos Nº 2, Bogotá. http://www.espaciocritico.com
MOLLIS, Marcela. 2004. "Un breve diagnóstico de las universidades argentinas: identidades alteradas". CLACSO Ediciones, Buenos Aires.
MONCAYO, Victor. 2007. "Viejas y nuevas exclusiones de la educación superior colombiana" Debate Sobre La Educación Superior, documento de trabajo No. 1. Planeta Paz. Bogota.
OROZCO- GARCÉS, Martha- Emira. 2005. "Algunas consideraciones sobre competencias en educación" Upinión, nº 18. www.upinion.org
PND, 2007. "Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010" Ley 1151 de 2007.
RUIZ, Luz Dary. 2005. "La Educacion Pública Entre Tendencias Globales Y Nuevos Escenarios Del Conflicto".
http://ensino.univates.br/~4iberoamericano/trabalhos/trabalho187.pdf
SAXE-FERNÁNDEZ, John. 2006. "Globalización, poder y educación pública" Ensayos críticos Nº 2, Bogotá. http://www.espaciocritico.com

PIE DE PÁGÍNAS
[1] Ver el trabajo del profesor Armando Alcántara: "Tendencias mundiales en la educación superior: El papel de los organismos multilaterales". En dicho documento se analiza el papel de la Unesco, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la cooperación y el desarrollo económico, en la definición de políticas y lineamientos a seguir por los países del tercer mundo.

[2] Profesor Asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia

[3] Profesor investigador Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad de Costa Rica

[4]El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 fue aprobado por las mayorías uribistas mediante la Ley 1151 de 2007, específicamente dos artículos, el 6º que señala los propósitos de la educación superior y el 38 que obligó a las universidades a concurrir en el pago de los pasivos pensionales, contienen los lineamientos esenciales de la política de Uribe para la Universidad Pública .

[5] Artículo 3º del decreto 2566 de 2003

[6]Por las mismas fechas en que uno de los padres del neoliberalismo, Friedrich Von Hayek escribía The Constitution of Liberty (1960), obra donde desarrolla sus principales tesis sobre la privatización de la educación y la concepción de dejar a merced del mercado y la libre competencia la educación superior: "se desarrolla en el pensamiento económico la teoría del "capital humano", teoría que jugó un papel fundamental a la hora de fortalecer una visión economicista-funcional anclada en la tradición utilitarista liberal de la educación, argumentando vínculos directos entre el sistema educativo y el sistema económico en términos de productividad y de recuperación de la inversión. Si bien ya Adam Smith había señalado las ventajas económicas de los individuos con más conocimientos útiles, Mincer (1958), Schultz (1963) y Becker (1964) aportaron estudios empíricos centrados en el análisis de "tasas de retorno", con los que pretendían mostrar cómo la educación formal de los individuos es una "inversión" de la que los individuos y la misma sociedad recogen beneficios cuantificables, sean estos financieros o no." (Miñana, 2006:64)

LOS INCONFESABLES MOTIVOS DE UNA CONDECORACIÓN

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, enero 20 de 2009

Cuando Kennedy renovó en 1963 la premiación a civiles con la Medalla Presidencial de la Libertad, definió que era para quienes hubieran hecho “meritorias contribuciones a la seguridad, o a los intereses nacionales de Estados Unidos, o la paz del mundo, o a la cultura u otras acciones significativas públicas y privadas”.

No extraña que entre los receptores de la misma estén Harry Truman, quien estableció esta medalla, o Eisenhower. El primero ordenó tirar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y, el segundo, dirigió la ofensiva estadounidense en Europa en la Segunda Guerra Mundial y creó la doctrina de “represalias” nucleares en la Guerra Fría.

Es evidente que se trata de reales tutores de los “intereses y la seguridad” de USA. Lo mismo puede decirse de los militares Schwarzkopf y Powell, jefes de la operación “tormenta del desierto” desde Kuwait, la primera ofensiva contra Irak; o Robert McNamara, secretario de Defensa durante la guerra de Vietnam; o de Dean Rusk, secretario de Estado en el conflicto en el sudeste asiático. Para ser más laxos se entiende que, por iguales razones, se debía colgar la “Medal of Freedom” a Henry Ford II o a Lawrence y David Rockefeller o al neoliberal Milton Friedman, inclusive a Charlon Heston, más por su devoción a la Sociedad Americana del Rifle que por sus pesadas actuaciones cinematográficas en las producciones de Cecil B. de Mille.

Al hablar de méritos en cuanto a ayudar a la paz mundial, es entendible que se encuentren entre los distinguidos a Nelson Mandela, el líder surafricano contra el apartheid; la Madre Teresa de Calcuta, reconocida por su labor altruista por décadas a favor de sectores muy pobres en India; o Martin Luther King Jr., cuya sola mención rinde reconocimiento a la defensa de los derechos civiles. Si se habla de cultura norteamericana caben, Tennessee Williams, periodista y novelista exitoso; John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura; y actores como Gregory Peck o Frank Sinatra, “la voz”. Jacques Costeau o John Kenneth Galbraith.

A estas alturas, cualquiera podría preguntar: ¿Por qué entonces Bush le dio esa medalla a Uribe? Ni siquiera por su apoyo a la invasión a Irak; no fue nada su mensaje de apoyo frente a las numerosas tropas remitidas por el británico Blair y Howard de Australia. Tampoco por sus aportes a la paz mundial, bastaría recordar la violación al territorio ecuatoriano; los mal llamados “falsos positivos”; la parapolítica; la incorporación de civiles al conflicto armado para concluir que no puede ser por dicha razón. Ni menos por sus tributos a la cultura. El recorte de las transferencias fiscales a la educación, los atropellos contra la universidad pública, el papel de cenicienta presupuestal de la cultura, que recibe un peso por cada 118 que se gastan en seguridad y defensa y apenas representan el 0,05% del PIB, son argumentos en contra. Definitivamente no son las letras ni las artes las que indujeron a George W.

No queda sino una, muy rara. Un presidente de un país ajeno premiado por haber servido muy bien a los intereses de otro, de Colombia para Estados Unidos, así como Truman, Eisenhower o McNamara. Y hay antecedentes, como las frases de Bush el 22 de julio en la Casa Blanca, “El presidente Uribe ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga, y más”, a la sazón de una fementida celebración del día del grito de la independencia, complementadas con otras relacionadas con fumigaciones con glifosato y demás bárbaras acciones adelantadas a nombre de la “lucha anti-drogas”: “ha cumplido con todas las peticiones hechas por el Gobierno de Estados Unidos”.

Son muchos quienes se conducen con plena obediencia al Tío Sam y no han recibido la tal medalla. Es de sospechar otras razones de más peso. ¿Puede asimilarse el colgandejo al escapulario de la Virgen del Carmen para prevenir “el fuego eterno" y sobre todo si procediera del nuevo gobierno norteamericano? Uribe se expresó sobre Obama así en plena campaña electoral: “El candidato demócrata es joven y tiene poca experiencia. De todas formas, yo no creo que Estados Unidos esté preparado para un presidente de color. Pienso que va a ganar el republicano McCain, quien para nosotros representa la continuidad de las relaciones políticas y comerciales”. (La Republicca de Italia, el 11 de julio de 2008, citado por Constanza Vieira).
Bush sale y Uribe se queda con la medalla y las botas tejanas, recibidas en el Rancho Crawford; ¿Le alcanzarán para continuar inmune y sobreprotegido? Está por verse, a lo mejor sí y a lo mejor no; ahí está una de las claves de política colombiana en el futuro próximo.

El espejismo y las falacias del TLC

mylkar D. Acosta M, El Periódico, Bogotá, enero 18 de 2009
Tomado de http://www.recalca.org.co

No faltarán los agoreros del desastre, quienes vaticinarán las peores desgracias para este país a falta de la aprobación del TLC con los Estados Unidos. Pero, no hay tal, a la prueba está que no sólo hemos podido sobrevivir a estos dos años largos de espera de su aprobación sin que la economía colombiana sucumba, sino que sin él la economía ha tenido un desempeño envidiable.

A contrario sensu, quienes como México lo tienen han crecido muy por debajo de Colombia y están ahora más expuestos a los devastadores efectos de la crisis financiera, precisamente por su más estrecha dependencia de la economía americana. Vale la pena resaltar cómo al término del primer año de vigencia del TLC entre los EEUU y los países de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), el balance fue más beneficioso para los Estados Unidos que para su contraparte. De un saldo en rojo pasó a tener uno superavitario y no es para menos, habida cuenta que mientras El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua exportaron a los EEUU 1.43% más, los EEUU les exportó un 18% más.

Para quienes ponían en duda el costo fiscal que le puede llegar a representar al país, es el propio Departamento de Comercio de los Estados Unidos quien se encarga de proporcionarnos la prueba reina para disipársela. Pues bien, basta ingresar a su página web y en la parte superior derecha se resalta un contador que reporta cada décima de segundo la cuantía de los impuestos causados por el ingreso de sus exportaciones al mercado colombiano. Es una especie de “taxímetro”.

En efecto, hasta el día 19 de noviembre a las 2:38 de la tarde, después de 729 días contados a partir de la firma del TLC, los Estados Unidos habían cancelado por concepto de pago de aranceles la suma de 1.375´184.386 dólares. Es decir, que los estimativos que hizo el entonces Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla sobre el hueco fiscal que se abriría con el TLC, de US $300 millones anual, más que se duplicarían. Sería inimaginable la crisis fiscal a la que se vería abocado el país, que sigue arrastrando un déficit del gobierno central superior al 3% del PIB, máxime ahora cuando el país se encamina hacia un déficit mayor merced al impacto de la crisis global.

Podemos, entonces, concluir que lo mejor es lo que sucede, que, como dice el adagio popular no hay mal que por bien no venga; gracias a Dios el Congreso de los Estados Unidos no ha aprobado dicho tratado. Ello le permite al país apretar el paso para dotarse mejor en materia de infraestructura y logística, robustecer su aparto productivo, elevar su competitividad y diversificar su oferta exportadora, así como también sus mercados externos, para prepararse y así lograr una mayor y mejor inserción en el mercado global. No hay tiempo que perder, la urgencia de ejecutar la Agenda interna para la productividad y la competitividad, no depende de la aprobación o no del TLC con los EEUU, es la apuesta por una Colombia moderna, competitiva e incluyente.

EN RECHAZO A LOS ATAQUES ISRAELÍES A LA FRANJA DE GAZA

Declaración, Senador Jorge Enrique Robledo

El ejército israelí, en una acción violatoria de todos los principios democráticos, lanzó una cruel agresión sobre la población palestina en la franja de Gaza. La acción militar arroja tres centenares de muertos, miles de heridos y la destrucción de la infraestructura física y gubernamental de la zona.

La acción israelí, realizada con el pretexto de detener el lanzamiento de cohetes por parte de la organización Hamas sobre su territorio, es la más sangrienta desde 1967, cuando cercenaron el territorio palestino condenando a este pueblo a vivir como refugiados en su propio país.

Durante décadas Israel se ha negado a reconocer el Estado Palestino, practica una política de exterminio sobre esa población y últimamente somete a Gaza a un bloqueo total. El 4 de noviembre Israel declaró rota la tregua que mantenía una precaria estabilidad en la zona mientras se buscaban acuerdos negociados.

Estados Unidos dio apoyo al ataque israelí al no pedir el cese de los bombardeos sino que este no llegara a la población, cosa imposible en esta densa región. Los palestinos en toda la zona están haciendo manifestaciones de protesta mientras que el ejército israelí se prepara para una nueva incursión con sus tropas en la zona.

No hay que olvidar que la miseria y el desarraigo al que se ha sometido a la población palestina son la raíz de la inestabilidad en la zona y un arreglo duradero es improbable mientras esta causa no sea solucionada. Expreso toda mi solidaridad con el pueblo palestino y hago un llamado al colombiano para que repudie y condene, al igual que lo están haciendo distintos sectores de la opinión mundial, el brutal ataque.

CONTRA LA POLÍTICA URIBISTA, LUCHA DEMOCRÁTICA DE MASAS

Organización Colombiana de Estudiantes, Bogotá septiembre de 2008

La OCE, Organización Colombiana de Estudiantes, es una organización de masas que ha ejercido una lucha democrática y civilista en contra de las políticas privatizadoras impuestas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que, en cumplimiento de los designios del capital financiero, convierte la educación en una vulgar mercancía.

Ante la crisis de la educación superior derivada del desmonte de la financiación estatal, la violación de la autonomía universitaria, el deterioro de la calidad y el continuo recorte de los derechos democráticos de estudiantes, trabajadores y profesores, es necesario unirnos en torno a un programa que defienda la universidad pública.

La actual campaña de macartismo contra el movimiento universitario y estudiantil, forma parte de la intentona del gobierno de Uribe Vélez por militarizar la vida universitaria y recortar aún más los derechos democráticos en el alma mater.

Reivindicamos el derecho del estudiantado a resistir la política uribista recurriendo a métodos enmarcados en la lucha civil y democrática. Por lo tanto, no compartimos las formas de resistencia que se salgan de estos límites. Sólo la organización y la movilización del conjunto de los estamentos universitarios permitirán que alcancemos el objetivo de defender una educación pública, científica y al servicio del interés nacional.

LOS ESTUDIANTES APOYAMOS A LOS TRABAJADORES DE LA RAMA JUDICIAL EN LA DEFENSA DE SU INDEPENDENCIA Y GARANTÍAS LABORALES

Organización Colombiana de Estudiantes y Grupos Estudiantiles Confederados, Bogotá 19 de Septiembre de 2008.

La Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, y los Grupos Estudiantiles Confederados, GEC, nos sumamos a la valerosa y patriótica lucha que adelantan los trabajadores de la rama judicial. Los jueces y auxiliares se han visto obligados a lanzarse al paro en el marco de la resistencia contra las políticas neoliberales implantadas en fiel cumplimiento de los designios del capital trasnacional.

Son innegables las precarias condiciones en las que se encuentra la justicia colombiana por la desatención del gobierno nacional, empeñado en atropellar no solo el bienestar de quienes hacen posible la administración de justicia, sino también su independencia. La justicia ha sido uno de los sectores más afectados por los recortes presupuestales: procesos interminables por la sobrecarga laboral, infraestructura inadecuada para el servicio, nimios recursos para una investigación que garantice el esclarecimiento de la verdad, denigrantes condiciones laborales en donde la inestabilidad laboral es la regla general y salarios que no compensan las eternas jornadas a las que son sometidos los jueces y demás servidores públicos.

Los estudiantes le exigimos al Gobierno nacional pronta solución a las justas peticiones de los servidores, comenzando por el respeto a la independencia de la justicia y a las libertades democráticas de sus funcionarios. Hacemos un llamado a la unidad en defensa de los derechos de los trabajadores colombianos, quienes han sido atropellados por un Gobierno con mano dura para el pueblo y corazón grande para las trasnacionales.

¿LA RE-REELECCIÓN TAMBIÉN INCLUYE A LOS “URIBITOS”?

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, 19 de agosto de 2008

Después de la entrega a la Registraduría de cinco y medio millones de firmas por parte del Comité Promotor del Referendo para modificar la Constitución hacia la reelección presidencial por más de un periodo consecutivo (o sea indefinidamente), muchos – con sobrada razón- se preguntan por las implicaciones que en términos del balance de poderes podrá tener esa reforma; de las secuelas para la aplicación de las más mínimas normas que soportan la “democracia” y de la vigencia plena de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un esquema de poder que se asimila a la tiranía.

La tiranía es definida desde la República de Platón como el gobierno de una sola persona y que -como dice Sócrates- está acompañada de “aduladores y hacen todo lo posible por servirles. Y si algo necesitan, ellos mismos se arrastran a los pies de quien sea y se atreven a cubrir todas las apariencias en calidad de parientes”. ¿No es eso lo que en Colombia se agrupa bajo el común denominador de “uribitos”?. Quienes, por ejemplo, asumieron el cabildeo, según acusaciones de los propios inculpados por cohecho, en el episodio de la primera reelección; o quienes, desatendiendo los sectores económicos y sociales a su cargo con innumerables dificultades, se abrazan a temas ajenos a ellos para suplir al Principal; o quienes en el área de las obras públicas se han dedicado a crear una plutocracia de contratistas, validos de toda clase de ventajas contractuales, mientras el resto de las vías se derrumba y el transporte se desenvuelve en el caos. De esto surge una pregunta obvia. ¿ También se trata de re-reelegir a los uribitos”?

¿Después del 2010 estarán vigentes los “uribitos” que han hecho desastres en las áreas de bienestar social a su cargo? ¿Los que reestructuraron los hospitales a punta de tomas militares y de la fuerza pública? ¿También quienes han tornado en tragedia social el pago mismo de los aportes que los ciudadanos deben hacer para gozar de un mínimo de protección en salud? ¿Veremos indefinidamente en sus cargos a quienes -“de cara al país”- no se sonrojan para falsear frente a un cuestionamiento cierto y recurrir a toda clase de patrañas verbales para salir de apuros momentáneos?

¿Seguirán reinando en Colombia los “uribitos” que se pueden dar el lujo de desoír por más de tres semanas a los camioneros, sin importarles los costos que ello traiga a la población, simplemente por ejercitar un “pulso” que reitere sus poderes omnímodos? ¿Hasta cuándo esos “uribitos”, que a los peajes los llaman “sociales” y obligatorios, en tanto justifican los más de $1,8 billones recién entregados a un puñado de concesionarios, mediante prórrogas y adiciones a sus jugosos contratos, por tratarse de “proyectos estratégicos?

¿Continuarán los “uribitos”, que sin consideración alguna y de manera abusiva, se toman por horas los canales oficiales de televisión para denigrar de los lecheros, para ofender a los sectores sociales que están por fuera de su interés de “formalizar” la cadena láctea, de confundir y de mentir sin escrúpulos, para imponer sus decretos aunque en el país no exista todavía la infraestructura industrial suficiente para absorber los volúmenes de leche que se entregarán a un oligopolio?¿ Sobrevivirán esos funcionarios cuando, por falta de oferta, los colombianos han tenido que pagar un 12% más en un año por los alimentos?¿ Se re-reelegirán los “uribitos” que han lanzado a su suerte a medio millón de familias productoras de café, que transan su producto a pérdida?¿ Se impondrán, aunque sus tesis de “sembrar uchuva por trigo” hayan sido derrotadas por la crisis alimenticia de cereales y oleaginosas?

Mientras el Referendo avanza con el silencio cómplice de su primer beneficiario y las propuestas reformatorias de la Justicia y de la Política, adecuándolas a los contextos tiránicos, se aprueban a “pupitrazo”, incluyendo el voto de los que se librarán de cargos a través de ellas, hay que pensar que la re-reelección no sólo será la del Tirano, ese “protector, a quien se procura alimentar y hacer poderoso”, sino, ante todo, la implantación de un modo de gobierno, el de “los uribitos”.

EL NUEVO ESTATUTO ESTUDIANTIL PROFUNDIZA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 9 de Julio de 2008

1. Contexto internacional de la educación superior

El Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008, “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones académicas”, comprueba que también en el principal claustro del país la educación se mercantilizó, porque pasó de ser un derecho a convertirse en un negocio.

En él han irrumpido nuevos agentes, principalmente las trasnacionales de la educación superior y las universidades corporativas, que han afianzado su poder en aquellos países que han suscrito tratados de libre comercio. Estas firmas han venido desplazando a las instituciones tradicionales. Actúan como auténticas empresas, mediante ventajas tributarias y reformas legales efectuadas por los Estados, que les permiten prestar su servicio bajo la denominación jurídica del ánimo de lucro, acumulando ganancias año tras año, incrementando su patrimonio e invirtiendo en diferentes actividades.

El nuevo estatuto modifica las relaciones de los estudiantes con la universidad adecuándola a las necesidades del mercado. Prueba de ello, el sistema de créditos. También optó por dicha modalidad la Universidad del Valle de México, una institución privada de educación superior que conforma la red del Laureate Internacional Universities, una de las transnacionales más grandes del mundo: “A la fecha son 17 los países que pertenecen a la Red y 27 Universidades e Institutos de Educación Superior, y más de 240 mil alumnos.”

Al consultar el estatuto estudiantil que rige las relaciones entre la universidad y los aspirantes a licenciatura de dicha universidad, el plan de estudios se integra de la siguiente forma en su área profesional: “Principios de la persona 6 créditos, Desarrollo comunitario 4 créditos, Formación profesional, cultura y arte 4 créditos, Desarrollo emprendedor 6 créditos.” El sistema de créditos establecido por el Acuerdo 008 de 2008 propicia la autofinanciación, homologa los contenidos curriculares y hace de la educación un negocio.

Se permitirá ahora la evaluación de tipo virtual. Este método parece no suscitar mayor polémica, ya que se presenta en las clases demasiado numerosas, como las de la cátedra Jorge Eliécer Gaitán. Sin embargo, es otro paso en el sentido de hacer de la educación una mercancía, porque el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC indica que una de las formas de suministro de servicios es la de tipo virtual. Tanto las multinacionales como las universidades corporativas ofrecen paquetes de tipo virtual, bajo las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, aplicadas en la enseñanza del inglés y en la formación para el trabajo propio de la globalización. Logran así sustituir la educación presencial estatal, con todos los aspectos que esto implica: campus universitario, profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva, personal administrativo.

2. Relación con la llamada Revolución Educativa

La Constitución de 1991 prescribe que “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación” , lo que invita al Estado a eludir la responsabilidad que tiene de suministrarla de manera gratuita, obligatoria y universal. Con esta y otras disposiciones se abrió el camino a la privatización de la universidad pública mediante un proceso consistente en ir disminuyéndole el presupuesto oficial para obligarla a incrementar los recursos propios. Como un primer paso, el gobierno se tomó los cuerpos colegiados que dirigen las universidades. El nuevo estatuto estudiantil profundiza la arremetida, en este caso contra los estudiantes, el estamento más numeroso de la universidad.La llamada Revolución Educativa impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se refleja en el nuevo estatuto estudiantil de la Universidad Nacional. Como presidente del Consejo Superior Universitario funge el viceministro de Educación Superior, Gabriel Burgos, quien ha suscrito el Acuerdo 033 de 2007, que fija los lineamientos básicos de los programas curriculares de la Universidad Nacional y el Acuerdo 008 de 2008, que reforma el estatuto estudiantil en sus disposiciones académicas. Burgos firmará las reformas ulteriores hasta que se cambie el actual modelo de gobierno universitario. La filosofía uribista está expuesta con claridad meridiana en el Documento Visión Colombia 2019, texto elaborado para el bicentenario de la Independencia. Allí se expresa: “La visión 2019 concibe una economía cimentada en la producción, difusión y uso del conocimiento como base de la productividad y la competitividad internacional, lo que impone retos adicionales al sistema educativo, que debe formar egresados en la cantidad y con la calidad suficiente para responder a las necesidades de una economía en crecimiento. Estos desarrollos hacen necesario, (… ) la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo como resultado de la dinamización de los sectores de la economía conectados con mercados externos.” Esto se traduce en que la educación superior y la universidad pública deben formar estudiantes para el mercado y contribuir a resolver los problemas de mano de obra de los sectores de la producción ligados con el sector externo de la economía, en especial, multinacionales y monopolios que exportan e importan materias primas y productos tropicales y que explotan los recursos naturales de nuestro territorio como el carbón, el petróleo, el oro y el gas. De esta manera, la universidad pública renuncia a enseñar los altos contenidos científicos, condiciona los currículos de las distintas carreras a las necesidades de los sectores monopólicos controlados por el capital financiero y se declara impotente para efectuar cualquier innovación en el campo del conocimiento científico. En dos palabras, una educación pobre para un país pobre y, para colmo, al servicio de potencias extranjeras, en particular de Estados Unidos.

Se refleja una clara concordancia entre lo aprobado en el Acuerdo 033 del 26 de noviembre de 2007 y el Acuerdo 008 de 2008. En dicho acuerdo, el Consejo Superior implanta el sistema de créditos académicos y define que el contenido de los currículos debe elaborarse con base en las “competencias generales” y en las “habilidades y destrezas”, términos con los que se hace alusión a un tipo de educación basada en la enseñanza de las herramientas para el aprendizaje, no en los altos contenidos científicos de las diversas áreas del conocimiento. El Acuerdo introduce la figura de las áreas curriculares y permite a los estudiantes optar por una doble titulación. Indica además, en las consideraciones del proyecto de acuerdo por el cual se reforman las disposiciones de bienestar, cultura universitaria y resolución de conflictos “que en el Acuerdo 033 de 2007 el Consejo Superior Universitario aprobó los lineamientos para alcanzar una reforma académica en la Universidad Nacional de Colombia.” Esta es otra prueba de la estrecha relación que guarda la denominada reforma académica con el nuevo estatuto, reforma similar a la planteada en su momento por Marco Palacios con el Acuerdo 037 de 2005, que reducía la duración de las carreras, establecía las áreas comunes e instauraba las competencias como el elemento indispensable para conformar los programas de las carreras.

3. Ausencia de democracia y de autonomía universitaria

Con el Acuerdo 011 del 2005, el gobierno ha logrado conformar en el Consejo Superior de la Universidad Nacional una mayoría que aprueba todas las reformas que desea acometer. Al menos cinco miembros con voz y voto son elegidos directa o indirectamente por el presidente de la República, más el rector, quien previamente ha sido ungido con la bendición oficial para dirigir los destinos de la Universidad conforme a sus intereses. Esto explica el fondo de las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 21 de mayo: “Las decisiones se toman autónomamente en los consejos superiores, especialmente en la Universidad Nacional”. Defiende este organismo porque lo controla plenamente.

Bastante ilustrativo resulta que en ninguna parte del nuevo estatuto, tanto el aprobado como el que falta por aprobar, existe un solo capítulo, artículo o inciso que haga mención a la autonomía universitaria. Este es un principio histórico de la democracia burguesa, según el cual, son los estudiantes y profesores los que delimitan los contenidos de los programas académicos. La autonomía pone la administración al servicio de la academia y no la academia al servicio de la administración. E implica que el gobierno de la universidad debe estar constituido por los principales estamentos que la componen: los estudiantes y los profesores. En este escenario, el gobierno sólo tiene dos obligaciones frente a la universidad: dotarla de suficiente presupuesto y brindarle todas las garantías, derechos y libertades para que desarrolle su actividad.

El nuevo estatuto hace nugatoria la democracia en la Universidad Nacional. El Acuerdo 008 y el borrador elaborado para sustituir lo relativo a la parte disciplinaria revisten de facultades a los cuerpos directivos para regular aspectos pendientes de normatividad ante la vigencia de un nuevo reglamento estudiantil. Ahonda así la naturaleza antidemocrática del gobierno de la universidad poniéndole la impronta autoritaria, sello del uribismo. También queda facultado el Consejo Académico para regular lo relativo a la doble titulación, a los grados, al aplazamiento de la matrícula y a los traslados. El Consejo Superior Universitario está autorizado para disponer todo lo referente a las admisiones especiales de la universidad. Y la Dirección Nacional de Admisiones, a las de los antiguos alumnos.

El proyecto referente a bienestar, cultura universitaria y resolución de conflictos profundiza el recorte de las libertades y derechos democráticos. Introduce toda una serie de enunciados relativos a la “tolerancia” y a la “responsabilidad en el manejo de los bienes mobiliarios e inmobiliarios de la universidad”, para descargar a renglón seguido un régimen sancionatorio absolutamente represivo, cuyo único propósito es contener las protestas estudiantiles.

La reforma se ha impuesto vulnerando los derechos y libertades de la comunidad universitaria. Los cuerpos directivos desatendieron la solicitud que proponía aplazarla y desconoció que tanto por el Comité de Representantes Estudiantiles como el Comité de Representantes Profesorales rechazaron el nuevo estatuto estudiantil. En forma mendaz, no obstante, el Acuerdo 008 de 2008 afirma en las consideraciones “que se dio cumplimiento al trámite estatutario” de consultar a los estamentos, calificó de “falta de técnica” la consulta efectuada por casi 12.000 estudiantes y consideró “ilegítimas” la comisión nacional de negociación y las comisiones de negociación por sedes, tanto en su conformación como en las propuestas planteadas para saldar la crisis. Las protestas estudiantiles fueron ampliamente reprimidas. Y para completar el cuadro, el presidente de la República sentenció: “La orden que se le impartió ayer a la Policía es que judicialicen, cuanto antes, a esos bandidos que están haciendo daño en la Universidad Nacional.” Afirmación propia de un funcionario que sólo conoce el Estado de Derecho para violentarlo.

4. El trasfondo económico

Las disposiciones recientemente aprobadas están en concordancia con las necesidades de autofinanciación que le ha impuesto el gobierno a la universidad pública. El presupuesto ha disminuido conforme aumenta la cantidad de estudiantes. Según Jorge Enrique Robledo “Las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas. Pero ello no ha sido óbice para que se les haya impuesto aumentar los estudiantes, en particular entre 2002 y 2006, cuando crecieron en 58% y disminuyó el aporte del Ministerio de Educación por alumno en 39% en términos reales.” La cobertura aumenta sin haber suficiente presupuesto, lo que afecta de manera palmaria la calidad de la educación.

En la Universidad Nacional se ha presentado un incremento desmedido de los recursos propios a efectos de suplir el desajuste presupuestal. Aurelio Suárez explicó en detalle la tendencia de este fenómeno: “Para 2008, el 43% del presupuesto, que es de 955.000 millones, se cubrirá con recursos propios “por concepto de la venta de bienes, servicios académicos y de la extensión universitaria”. Con ello cubrirá el 90% de la inversión, el Estado sólo responde por el 80% de los gastos de funcionamiento y el 95% de las pensiones. Con esa distribución, cualquier progreso dependerá de la universidad misma; el gobierno central se excluyó. En el año 2000, por cada peso que el Estado entregaba, la Universidad colocaba 30 centavos, en 2007 ya pone 82. Entre 2000 y 2007, las transferencias del Presupuesto Nacional crecieron, en pesos reales, el 17%, los recursos generados por la Universidad lo hicieron en más del 300%.”

A esa tendencia es importante sumarle la nueva deuda creada por el artículo 38 del Plan de Desarrollo 2006-2010 para las universidades del orden nacional mediante la concurrencia para el pago del pasivo pensiona. Según Juan Carlos Martínez, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, en la Ley 1169 de 2007, que aprobó el presupuesto nacional de la República, el valor del pasivo asciende a cerca del 20% de total de los recursos transferidos por el Estado al patrimonio de la Universidad Nacional. De los cerca de 500.000 millones que destina el Estado, cerca de 100.000 millones estarían comprometidos con este rubro.

Por estos motivos es que ni del nuevo ni del antiguo reglamento estudiantil tampoco irradia el principio de gratuidad. En el acápite referido a la matrícula del Acuerdo 008 se establece como requisito para ser estudiante “pagar los costos establecidos por la universidad” . Con ello garantiza la norma los recursos propios que ingresan al patrimonio de la universidad como consecuencia del pago de las matrículas. La misma característica es la expuesta en lo referente a las distinciones y estímulos académicos, porque la exención de pago hace parte del capítulo. Debería ser extraño a una universidad pública contemplar como estímulo la exención de pago, puesto que si la educación es gratuita o la matrícula muy baja, tal premio no constituiría ningún tipo de reconocimiento al esfuerzo personal realizado.

En aras de incrementar los recursos propios se establece el sistema de créditos. Se opta ahora por cobrar, ya no por matrículas, sino por los créditos consumidos por el estudiante dentro del proceso educativo. Se puede llegar al absurdo de que el estudiante sólo estudie las materias que su capacidad de pago le permita y no aquellas que su nivel cognoscitivo le imponga aprender. Si bien dicha iniciativa no se encuentra enunciada expresamente en el nuevo estatuto, el sistema de créditos entraña de por sí este riesgo, inquietud que tampoco ha sido respondida por la administración de la universidad.

5. El sistema de créditos académicos

Los créditos académicos son una herramienta empleada para medir el tiempo que requiere el desarrollo de cada asignatura. Existen en el mundo diversos mecanismos que cumplen con ese fin, pero en la Universidad Nacional se ha optado por este. Desde una perspectiva conceptual, el sistema parece no despertar mayor polémica. El asunto se complica cuando se estudian a profundidad las distintas normas. El mecanismo viene definido por el Decreto 2566 de 2003, proferido por el presidente Álvaro Uribe y por la ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez. Como se ve, fue producto de otra imposición gubernamental y no de decisiones democráticas.

El decreto prescribe las “condiciones mínimas de calidad” que deben tener los programas académicos de educación superior. Afirma: “Justificación del programa.- La justificación del programa deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) La pertinencia del programa en el marco de un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en el país y en la región donde se va a desarrollar el programa.” Es el mismo criterio expuesto en el Documento Visión Colombia 2019. Los contenidos de la educación superior quedan circunscritos únicamente a aquellos que benefician al sector externo de la economía, privilegiado cada vez más por los múltiples acuerdos de libre comercio, y en particular por el TLC suscrito entre EU y Colombia.

Los créditos apuntan a homogenizar los contenidos de la educación superior –las competencias académicas, laborales y ciudadanas, a fin de unificar el pensamiento en aras de una formación para el mercado. El Plan de Desarrollo 2006-2010 enuncia: “En el nivel superior, se iniciará la implementación de los estándares de competencias, los cuales se evaluarán a través de los ECAES.” El examen de ECAES será el instrumento para certificar la adecuada modificación de los currículos a favor de la economía del atraso. El origen de esta política se encuentra en los documentos del Banco Mundial, la Unesco y el BID, organismos que le trazan el rumbo a la educación superior en función del mercado, de las multinacionales y de la mano de obra barata que estas requieren.

¿Cuánto será el total de créditos que tendrá un estudiante en la Universidad Nacional? La respuesta guarda relación directa con lo dispuesto por la Reforma Académica. Para carreras cuya duración sea de 16 semanas, la mayoría, pueden ser cerca de ciento treinta (130) créditos, más el cupo adicional que establece el estatuto estudiantil, que “será la mitad del mínimo que contempla el plan de estudios al que fue admitido y hasta un máximo de ochenta (80) créditos”. A estos es necesario sumarle doce (12) créditos, relativos al idioma extranjero que sea necesario en el respectivo plan de estudios. Esto daría un total de doscientos veintidós (222) créditos, siempre y cuando el estudiante no requiera cursos nivelatorios según el examen de admisión. En esa cantidad de créditos ¿será posible ver los contenidos básicos de las distintas carreras? ¿No será acaso necesario reducirles la duración para alcanzar a introducir los contenidos dentro de los créditos permitidos? Ninguno de estos interrogantes ha sido despejado por la administración o el gobierno.

La característica adicional del nuevo sistema de créditos es que se adopta bajo la denominación del “cupo de créditos”. Con este ingrediente se limita la permanencia académica de los estudiantes, que al acabarse el cupo, pierden la calidad de tales. Los doscientos veintidós (222) créditos componen el cupo de créditos e irradian la casi totalidad del nuevo estatuto en sus disposiciones académicas: Rige el proceso de inscripción de las asignaturas y lo relativo a la cancelación de las mismas. Están en la programación académica de la universidad y se encuentran presentes en homologaciones, convalidaciones, equivalencias, traslados, rendimiento académico, pérdida de la calidad de estudiante, doble titulación y grado. El nuevo método obliga a intentar por todos los medios preservar su cupo de créditos a fin de mantener la matrícula en la universidad y a crear una jerarquía de materias cuya importancia estará definida por una mayor o menor cantidad de créditos, de tal manera que habrá materias de primer y segundo grado y profesores de primera o segunda categoría.

Un aspecto que embrolla todavía más el sistema es que las materias cursadas y las que faltan por cursar no se encuentran convertidas a créditos. No existe un proyecto concreto en las distintas facultades o programas que explique la manera como quedarán organizadas las carreras. La comunidad académica padece hoy una gran incertidumbre sobre lo que ha cursado en la universidad y lo que aún le resta. La tarea le ha sido encomendada por lo pronto a las facultades según lo dispone el Acuerdo 033, pero resulta irresponsable que se obligue a toda la universidad a cambiar su devenir académico sin que exista certeza sobre el proyecto que regirá en el futuro.

El sistema, aducen sus apologistas, facilitará la movilidad internacional de los estudiantes. Pero si tal era el objetivo, no se necesitaba adoptar el sistema de créditos, pues el Comité Asesor de Carrera resolvía lo referente a homologaciones, equivalencias y convalidaciones. Los estudiantes iban de un lugar a otro sin inconveniente siempre que hubiera un convenio entre las universidades para hacer dicho intercambio, acción que tampoco requiere del sistema de créditos.

La doble titulación es otra argucia de la administración al momento de difundir los beneficios del nuevo estatuto. Lo primero es precisar que bajo el actual régimen se permite la doble titulación, aunque a quienes busquen un segundo título se les cobra la matrícula más cara de la universidad. El nuevo estatuto permite al parecer que los estudiantes hagan dos carreras, pero los requisitos impuestos cierran prácticamente todas las puertas. No se estipula en ninguna parte que no se cobrará el puntaje máximo. Además, la segunda carrera deberá cursarse con el remanente del cupo de crédito de la primera, salvo que el estudiante tenga un PAPA superior o igual a 4,3, bastante difícil. Tampoco se permitirán reservas adicionales de cupo. Ya que en los postgrados las matrículas se vienen asemejando a las de una universidad privada, en esta instancia no se permitirá la doble titulación.

Por lo demás en este asunto es evidente la necesidad de reducir la duración de las carreras, eliminando la especificidad de cada una de ellas. Para que una buena parte del estudiantado pueda optar por la doble titulación será necesario que una cantidad determinada de materias sean afines o comunes entre varias carreras, de tal manera que los créditos restantes del cupo alcancen al momento de aspirar a la segunda carrera. Esta es la razón de ser de las denominadas “áreas curriculares” enunciadas en el 033, porque agrupando programas curriculares en un “área común del conocimiento”, una materia aprobada podrá ser útil para dos o más carreras. Si se reduce la planta docente, si hay más hacinamiento en las aulas, si se deteriora la calidad académica, si se reduce en la Universidad Nacional el costo por estudiante, si se elimina paulatinamente la especificidad de las carreras, todo sea por el nuevo país que el Mesías está legando a las nuevas generaciones.

6. Promedio Aritmético Ponderado Acumulado

Las reformas que se efectúan en las distintas universidades siempre deben tender a mejorar la calidad de la universidad. Además de lo expuesto con relación a la privatización y a la adecuación de la universidad al mercado, en el Acuerdo 008 se incluye el Promedio Aritmético Ponderado Acumulado, un mecanismo que tiene en cuenta “las calificaciones definitivas de todas las asignaturas cursadas. Esto es, cuando una asignatura se cursa más de una vez se tendrán en cuenta las calificaciones definitivas obtenidas cada vez.”

Sus consecuencias no son menos nocivas. A todos los estudiantes de la Universidad Nacional que hayan perdido tan sólo una materia se les bajará su promedio académico. Con el PAPA, como coloquialmente se conoce, los estudiantes siguen en una lógica semejante a la impuesta por el cupo de créditos, buscando que las materias que mayor cantidad de créditos valgan sean las que ameritan una atención mayor. Además, el estudiantado estará inmerso en la necesidad de mantener un promedio académico ponderado acumulado superior a tres punto cero (3.0), porque de lo contrario pierde la calidad de estudiante. Cada uno hará un cálculo en cada semestre no en relación con las materias que deba aprobar, sino solo con las que le aumentan el PAPA. El mecanismo tampoco garantiza una mayor calidad, porque dichos cálculos, al no estar fundados en una percepción científica del conocimiento, terminan promoviendo la mediocridad.

El PAPA también afecta los reingresos. El Acuerdo 101 de 1977 permitía reingresar a la universidad cuando el alumno había sufrido alguna calamidad doméstica o padecía cualquier problema personal que lo obligara a interrumpir los estudios. El nuevo estatuto permite el reingreso una sola vez y sólo a quienes presenten un promedio aritmético ponderado acumulado superior o igual a 2.7, lo que desconoce la realidad socioeconómica de una buena parte del estudiantado y olvida que los asuntos personales de los estudiantes eventualmente pueden afectar el desempeño académico, al punto de forzar la pérdida del período académico.

7. Conclusiones

El nuevo estatuto estudiantil refleja el criterio neoliberal prevaleciente hoy en Colombia y en el mundo, que hace de la educación superior una mercancía. Se adoptan unos programas que obedecen a las necesidades de las multinacionales y de las universidades corporativas, el nuevo derrotero que les traza el imperialismo a los países signatarios de tratados de libre comercio.

El estatuto impone una estructura profundamente antidemocrática de gobierno universitario, que excluye a los principales estamentos de la universidad y deja los cuerpos colegiados como un mero apéndice del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuya Revolución Educativa consiste en aumentar la cobertura sin incrementar proporcionalmente los recursos provenientes del Estado y en recortar de sistemáticamente las libertades y derechos democráticos.

Es imperativo agrupar mayor fuerza en la resistencia civil contra la reforma universitaria. Para ello debemos propiciar un amplio proceso pedagógico sobre las nefastas implicaciones del nuevo estatuto estudiantil de la Universidad Nacional y un estudio a fondo de las reformas en cierne, buscando atraer a la mayor cantidad de sectores de los distintos estamentos a fin de frenar la ofensiva contra la universidad pública. El movimiento universitario debe hacer oír su voz en defensa de una educación nacional, científica y al servicio del pueblo.