LLAMAMIENTO: ¡PUEBLO COLOMBIANO! ¡DEFENDAMOS EL AGUA Y LA VIDA!

Pronunciamientos de Organizaciones Gremiales
Comité Nacional en Defensa del Agua y por el Referendo, Bogotá, marzo 6 de 2008

Nosotros, mujeres y hombres de todos los rincones del país asistentes a la Segunda Asamblea Nacional del Agua realizada en Bogotá el 29 de febrero y 1 de marzo de 2008, impulsada por 1.255 organizaciones sociales y 236 mil personas que firmaron la inscripción ante la Registraduría Nacional de una propuesta de reforma constitucional que hemos denominado Referendo del Agua, llamamos al pueblo colombiano a sumarse a esta confluencia pública que busca el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, la garantía de un mínimo vital gratuito para todos, la conservación del medio ambiente para que haya agua abundante y limpia para las generaciones de hoy y de mañana, el respeto de la diversidad cultural y territorial del agua, y una gestión pública estatal y comunitaria de la misma sin ánimo de lucro que reverse la privatización actual.

Hoy trece millones de colombianos y colombianas padecen de sed; millones de niños están afectados por la mala calidad del agua que consumen, cuando ella les llega; cientos de miles de familias han sido desconectadas del servicio de agua porque no tienen con qué pagar las altas tarifas; y los ecosistemas esenciales que garantizan el flujo natural del agua están en peligro.

El agua, esencial para la vida, viene siendo amenazada por políticas públicas que sólo buscan ganancia económica, depredación natural, la privatización de las fuentes y ríos, y el impulso a la guerra y militarización de grandes zonas de nuestro territorio, asociadas a megaproyectos mineros, hidroeléctricos, forestales, de agro-combustibles y de infraestructura, que inspiran el TLC, el IIRSA, los actuales Planes Departamentales de Agua, la privatización de las empresas de acueducto y alcantarillado, las concesiones para uso privado del patrimonio natural, y la imposición de mercados de los llamados servicios ambientales, dentro de los cuales no sólo se busca privatizar el agua, sino que se la considera como una mercancía, olvidando que ella es principio inembargable de la dignidad humana y de la vida.

Por eso, con profunda pasión, compromiso vital, alegría y decisión los convocamos al apoyo a este referendo en defensa del agua como un bien público y común, y a fortalecerlo con su participación directa, con su firma y con la conformación de comités territoriales o la adhesión a los ya conformados por esta confluencia de mujeres y hombres de todas las edades, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas, usuarios de servicios públicos domiciliarios, comités de desarrollo y control social y sus vocales, comunidades campesinas, congregaciones religiosas, sindicatos, trabajadores independientes, juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes y otras etnias.

Los invitamos a hacerse custodios del agua para las presentes y futuras generaciones de colombianos, reuniendo entre todos un millón y medio de firmas que se requieren para que se convoque al pueblo colombiano a votar mediante referendo por esta reforma constitucional; y a recuperar para nuestra vida pública la transparencia del agua natural, concurriendo a una participación ciudadana y un control social que con la frescura y fluidez de las quebradas y los ríos que abundan en esta tierra, defiendan nuestro patrimonio público y protejan las fuentes de la vida.

¡El agua es esencial para la vida!¡A firmar el referendo del agua a partir del próximo 8 de Marzo!
Informes: Comité Nacional en Defensa del Agua y por el Referendo:

www.ecofondo.org;

http://aguabienpublico.spaces.live,com

www.aguayreferendo.blogspot.com

http://aguaplaneta.blogspot.com

http://avocarelreferendo.blogspot.com

www.unionusuarios.org ligausuarios@telecom.com.co

LA OCE SE SUMA A LA CONVOCATORIA DEL POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO A LA MARCHA DEL 6 DE MARZO

POR TODAS LAS VÍCTIMAS, CONTRA TODOS LOS CRÍMENES Y POR LA PAZ EN COLOMBIA

Comité Ejecutivo Nacional Polo Democrático Alternativo, Bogotá, febrero 25 de 2008

En reunión de su Comité Ejecutivo Nacional, el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO aprobó por unanimidad:

1. Marchar en todo el país y en el exterior el próximo 6 de marzo en solidaridad con todas las víctimas y contra todos los crímenes cometidos por los distintos actores de la guerra: paramilitares, agentes del Estado y guerrillas.

2. Alertar sobre el hecho de que el paramilitarismo, que ha dejado cientos de miles de victimas y desplazados, lejos de haber desaparecido, se ha venido recomponiendo y sigue vigente como un enemigo de primer orden contra la democracia colombiana.

3. Repudiar una vez más el uso de la violencia como instrumento de acción política, el secuestro y los crímenes de lesa humanidad, vengan de donde vinieren, así como reafirmar la necesidad de lograr acuerdos humanitarios y una solución política negociada al conflicto armado que padece nuestro país.

4. Rechazar las declaraciones de altos voceros del Estado que pretenden estigmatizar la jornada del 6 de marzo y exigir a las autoridades, en particular al Presidente de la República, que brinden todas las garantías para que los colombianos y colombianas puedan ejercer su derecho a la movilización pacífica.

5. Invitar a los ciudadanos y ciudadanas que participaron en la multitudinaria marcha del 4 de febrero pasado para que se vinculen a la jornada del 6 de marzo. Y convocar a las organizaciones políticas y sociales, al movimiento obrero, estudiantil, campesino e indígena y a los gremios económicos y empresariales para que repudien todos los crímenes que desangran a Colombia y contribuyan a la gran tarea por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignificación de las víctimas.

LOS ENREDOS DE URIBE AHORA TAMBIÉN SON CON EL TLC CON CANADÁ

A los líos para aprobar el TLC con Estados Unidos ahora se suman los que han aparecido para firmar el TLC con Canadá. Colombia inició las negociaciones de este TLC el 16 de julio de 2007 y aunque las 4 rondas que duró la negociación, en el más absoluto secreto y sin participación ciudadana, se hicieron conjuntamente con Perú, este último ya firmó dicho tratado el pasado 26 de enero durante el Foro Económico Mundial en Davos y Colombia no. ¿Qué pasó?

Desde el inicio de las negociaciones importantes organizaciones canadienses como el Congreso Laboral Canadiense, Fronteras Comunes, el Grupo de Política Sobre las Américas, la Coalición Canadiense para el Fin de la Pobreza Global, la Federación de Trabajadores de Ontario, entre otras, y los partidos de oposición: el Nuevo Partido Demócrata y el Partido Liberal, manifestaron su rechazo a que el gobierno de Stephen Harper firmara un TLC con Álvaro Uribe, al punto que, dado este tema y otras cuestiones internas, el Partido Liberal ha amenazado al gobierno conservador de Canadá con llamar a elecciones federales para ’tumbar’ a Harper. Sin duda, el presidente de ese país debió pensar con mucho cuidado el riesgo de firmar un TLC con un gobierno tan cuestionado a nivel internacional como el de Uribe.

Las críticas de las organizaciones canadienses corresponden a las ya señaladas por el Partido Demócrata de Estados Unidos: los vínculos de funcionarios y aliados del gobierno con grupos paramilitares, las sistemáticas violaciones por parte de órganos estatales a los derechos humanos y las difíciles condiciones internas para desarrollar libremente las actividades sindicales, tanto que, en una actitud profundamente antidemocrática, el gobierno colombiano está promoviendo la creación de una Central Sindical para que apoye el TLC.

No ayuda para nada al gobierno de Uribe que durante lo corrido del año 2008 hayan sido asesinados 5 sindicalistas, lo que se suman a los otros 1.097 muertos a manos de grupos paramilitares con la complicidad de organismos estatales o los mismos patronos -en la mayoría de los casos- según lo reporta la Confederación Sindical Internacional.

Tampoco son bien vistas las precarias condiciones laborales al interior del país, pues esto se convierte en un incentivo para que las trasnacionales extranjeras cierren fábricas en sus países de origen y se trasladen a naciones con mano de obra más barata. Esta situación ha generado la pérdida de cientos de miles de empleos en Canadá. Recientes estudios muestran que en Colombia más de un millón de trabajadores lo hacen a través de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), cuyos patronos no están en la obligación de pagar el salario mínimo legal ni seguridad social.

Por más respaldo que brinde el Canciller canadiense Maxime Bernier, de visita por el país, al gobierno de Uribe, no puede ocultar los enormes obstáculos que enfrente la firma y aprobación del TLC en su país. Importantes organizaciones en Canadá se vienen oponiendo cada vez con más fuerza al modelo de "libre comercio", por el aumento del desempleo y la pobreza en su país. Mientras tanto Uribe sigue insistiendo en los TLC, desesperado por recibir un poco de respaldo internacional gracias a los compromisos que asume con las trasnacionales.

Sin dudas es cada vez más difícil para el gobierno lanzar ’cortinas de humo’ que oculten la difícil situación interna y las controversias a nivel internacional. La no firma aún del TLC con Canadá es prueba del desprestigio que sufre Uribe y su política. Las organizaciones sociales y el movimiento popular deben aprovechar esta situación y cerrar filas para denunciar las graves condiciones sociales, económicas y de derechos humanos que sufre el país.

SE ACABA LA EDUCACIÓN RURAL

Alonso Orozco Gómez, Diputado del PDA, Florencia, febrero 14 de 2008

No es cierto que haya atención a la educación pública con la debida cobertura y calidad, y mucho menos para atender los retos para ser un país competitivo en la globalización, como lo pregona el gobierno.

Un ejemplo a la vista es la imposición de la modalidad de oferentes para la atención de la educación rural, que se masifica en el Caquetá con grave afectación a las comunidades campesinas, condenando a sus niños al analfabetismo total o funcional.

Se trata de entregarle a privados la administración de la educación rural cuando debería hacerlo, de manera directa, las secretarías de educación de la Gobernación y del Municipio de Florencia. A estos oferentes privados se les paga por niño atendido, por lo que estos se cuidan de solo ofertar servicio donde haya suficientes niños, lo que significa de entrada que no podrá funcionar escuela rural que tenga menos de 23 niños asistiendo a clases. Los niños que vivan en veredas con menos de este número de estudiantes no recibirán educación, las cuales son muchas en el Caquetá por su característica de población rural dispersa.

Se trata de una educación contratada con un tercero para que la preste más barata. En efecto, al oferente le pagan $720.000 pesos por cada niño atendido mientras en el servicio a cargo de las Secretarias de Educación vale $970.000 pesos. Con los $720.000 pesos debe el oferente además de pagar el profesor, ofrecer al estudiante kit escolar, uniforme de diario incluido zapatos, restaurante escolar y atención en salud entre otros servicios. A los profesores solo les pagan 10 de los 12 meses del año y pese a que trabajan en las áreas más afectadas del departamento, deben del mismo sueldo pagarse el costoso transporte. Su contratación es un decir que es por el año escolar, porque puede ser suspendido cuando lo quiera el contratante. Estos profesores han debido pagar de su propio bolsillo los ciclos de profesionalización docente cuya matrícula semestral les vale en promedio un mes de sueldo, además de los costos adicionales que les cuestan estar en Florencia atendiendo actividades académicas presenciales. Laboran en las áreas de difícil acceso y de conflicto armado, arriesgando su vida, sin ningún seguro ni estimulo. Son la presencia del estado en las zonas apartadas, pero su patrón no es el gobierno sino una organización privada contratada para que los subcontrate. Si existen apóstoles de la educación, lo son estos profesores por contrato, pero a esta nueva generación de educadores, les tocó en suerte la aplicación del perverso modelo neoliberal del gobierno, la sobreexplotación llamada flexibilización laboral, la negación de todo reconocimiento a la dignidad del educador.

Desde que esta modalidad perversa de administrar la educación está en marcha se enloqueció el calendario escolar: apareció el calendario B para algunas escuelas, son muchos los niños rurales que no reciben las 40 semanas de clase que obliga el año escolar.

Esta modalidad, inspirada en los principios del libre mercado, la impopularidad la resuelve permitiendo que el gamonalato local se usufructúe con ella, para enraizarla. En el Caquetá no demoró en aparecer el oferente de bolsillo del gobernador Juan Carlos Claros y del parlamentario Fernando Almario, la tal Inacam: contrato de docentes a tres (3) meses, convirtieron la selección de profesores en bolsa electoral; se les cancelaron salarios por debajo del mandato legal y a las comunidades se les entregaron menajes de pésima calidad.

Las comunidades educativas y los educadores, y el Caquetá entero, debemos exigir al gobierno nacional acabar con el modelo de oferentes, si queremos que la educación llegue a los niños del campo y a los sectores populares, una educación de verdad y no un remedo, y para que los maestros que hacen patria tengan una justa paga.

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, RECALCA

CONCENTRACIÓN EN EL PALACIO DE JUSTICIA PARA EXIGIR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL TLC

Estamos invitando a todas y todos los colombianos para que nos acompañen este martes 12 de febrero a las 2:00 p।m. en el Palacio de Justicia (entrada por la calle 12, detras de la Plaza de Bolivar) en una concentración para exigirle a la Corte que declare inconstitucional el TLC. Ese día RECALCA, la Campaña Comercio con Justicia: Mis Derechos No se Negocian y otras organizaciones sindicales, entregarán sus demandas a este lesivo proyecto. La cantaora tradicional Etelvina Maldonado acompañará este acto.

Esperamos su presencia.

BIENVENIDOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

nformativo Resistencia Civil # 2., OCE- Organización Colombiana de Estudiantes, Bogotá, enero de 2008

En los últimos años la Universidad Nacional de Colombia atraviesa una fuerte crisis pues los preceptos neoliberales le quitaron a la educación superior el carácter de derecho fundamental y la convirtieron, bajo la óptica del libre comercio, en una simple mercancía. Este atributo se presenta por la necesidad de adecuar el sistema educativo a las necesidades del TLC suscrito con los EE.UU.

El Gobierno de Uribe, a través de la administración de la Universidad, viene buscando afanosamente la implementación de reformas en todos los órdenes para cumplir los mandatos de la Casa Blanca, que de concretarse ahondarían el proceso de privatización del alma máter. Es para nosotros una obligación explicar a quienes ahora ingresan a estudiar los principales problemas de la universidad para que tomemos conciencia de la situación que padecemos. Estas reformas contienen cuatro ejes principales:

Disminución del presupuesto para la educación pública। La base de la educación pública es que cuente con recursos oficiales suficientes para garantizar una excelente calidad. Las medidas de Uribe han sido contra este criterio, ente ellas se destacó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) en su artículo 38, que bajo el pretexto de “sanear el pasivo pensional” creo la figura de la “concurrencia”, que obliga a las universidades de orden nacional a financiar una deuda que es de resorte exclusivo de la Nación. Este punto aunado a la reducción de los aportes públicos a la Universidad, del aumento del presupuesto por la vía de recursos propios (cursos de extensión, consultorías, talleres libres, cátedras, educación virtual, etc.) y el manejo privado de los recursos físicos (polideportivo, auditorios, cafeterías) traerá como consecuencia el incremento de las matriculas hasta en un 350% como en la Universidad del Atlántico, la reducción de la planta docente y el aumento de los docentes ocasionales, el fin del programa ALEX y, así mismo, el cobro mediante los créditos del aprendizaje de cualquier idioma diferente del inglés, la supresión de ayudas como el bono alimentario o el préstamo beca. De esta manera le niegan el ingreso a la educación superior a los sectores más necesitados de la población, y profundizan el proceso de privatización de la educación pública en Colombia.

Educación de baja calidad. El Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario implementó los créditos académicos y la educación por competencias, lo cual tiene como propósito reducir el tiempo de duración de las carreras y minimizar la vida universitaria de sus estudiantes, método que asegurará una mayor cobertura pero que sacrificara su calidad. La razón de esta medida es que la administración afirma que “para mantener la cobertura del año 2005 se necesitaría crear una Universidad Nacional cada año”. Los créditos académicos son un instrumento para medir el tiempo de una asignatura, el riesgo que conlleva es que en el marco del TLC con EE.UU. existe la posibilidad de homogenizar los contenidos de la educación desde la universidades norteamericanas por medio de los “paquetes virtuales de educación”, cercenando la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Debilitamiento de la investigación y empleo de los estudiantes a través de las pasantías con las multinacionales y monopolios. Uribe Vélez en el cumpleaños 140 de la UN afirmó que “incluiría en el decreto reglamentario de las zonas francas la posibilidad de financiar proyectos investigativos por parte del sector privado”. De esa forma generara beneficios tributarios para sus socios, posibilitando a través del Convenio universidad-empresa que las multinacionales y monopolios que firmaron este acuerdo exploten a los estudiantes bajo condiciones laborales paupérrimas negando por contera la naturaleza científica que debe tener la universidad.

Reforma al Estatuto Estudiantil. Desarrolla aspectos de la reforma académica al definir que los estudiantes tendrán una “bolsa de créditos” con el cual desarrollarán su carrera. Además contempla una grave restricción y violación de los derechos democráticos de la vida universitaria como la libertad de expresión y asociación, por medio de métodos represivos como “comités de seguimiento”, imposibilitando la participación del estudiantado en los problemas de la universidad. De esa forma desarrollan la “seguridad democrática” en la Universidad sometiéndonos a normas autoritarias que desconocen al principal estamento de la universidad.

Desde el año 2005 las manifestaciones de la ciudad universitaria no se han hecho esperar, la última fue el movimiento universitario de mayo y junio de 2007 que contó con la participación masiva de profesores, trabajadores y estudiantes que se movilizaron en las calles y en el campus de la universidad siendo respaldadas por cerca de 19 universidades de todo el país. Por eso nuestra principal tarea es avanzar hacia una forma organizativa más cualificada: la construcción de los Consejos Estudiantiles. Proponemos que sean órganos representativos del estudiantado elegidos democráticamente en cada uno de los semestres, carreras y facultades. Deberán orientarse con independencia de los gobiernos y de la Administración, defendiendo los intereses de los estudiantes, y de la educación pública.

Por último le hacemos un llamado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia para que hagamos valer nuestros derechos y luchar por una Educación nacional, científica y democrática. Por lo aquí explicado se hace urgente que preparemos masivas protestas en defensa de la universidad pública y que comencemos a elegir nuestro Consejo Estudiantil.