EL TLC AGONIZA: HAY QUE APLICARLE LA EUTANASIA

RECALCA, Bogotá, abril 18 de 2008

El TLC sufrió una nueva derrota. El mismo Bush lo considera moribundo y el presidente Uribe sigue, para vergüenza del país, mendigando a los demócratas que reconsideren su posición. Bush no convenció a la Presidenta del Congreso Pelossi de que lo tramitara y Uribe cree que él si puede convencerla con ruegos.

Las cosas le salieron al gobierno colombiano totalmente distintas de lo que estaba planeado: EE.UU. comenzó negociando con 4 países de la CAN y terminó firmando con 2. Las negociaciones estaban programadas para adelantarse en 8 rondas, durante un año y se prolongaron por 16 y dos años, eso sin contar que después del cierre el gobierno colombiano siguió concediendo privilegios a EE.UU. y que los demócratas forzaron cambios en un texto que Uribe había considerado sagrado e inmodificable. Desde noviembre de 2006 el Congreso de Estados Unidos le hizo el quite, hasta la semana pasada, cuando el presidente Bush quiso presionar una votación y la respuesta de la mayoría demócrata fue congelarlo indefinidamente. En conclusión 47 meses después de iniciado el proceso no solo no hay TLC, sino que se encuentra en cuidados intensivos casi agonizante o postergado por lo menos un año.

La arrogancia terminó por hundir algo que al principio de las negociaciones, en mayo de 2004, parecía fácil de aprobar. Se equivocaron quienes formularon la tesis de la inevitabilidad y que acusaban a quienes nos oponíamos de ir en contra del curso natural de la historia.

Para la población colombiana y para quienes desde el principio explicamos los verdaderos propósitos del TLC, es un motivo de satisfacción que el TLC hoy esté congelado, pues esto implica que aún no podrá ser impuesta por medio de convenios internacionales la agenda de las trasnacionales extranjeras y que hay un nuevo margen para explicar la inconveniencia del mismo. Si bien es cierto la razón principal de la derrota del TLC es la gravosa situación de Derechos Humanos, los vínculos de políticos Uribistas con el paramilitarismo y la misma situación interna de EE.UU., nuestra posición crítica siempre ha sido la de insistir en lo lesivo del Tratado para la economía, para los colombianos y para esos mismos derechos que hoy se violan.

Las acciones que contra el TLC adelantamos millones de colombianos, desde prominentes empresarios hasta humildes campesinos, desde reconocidos intelectuales hasta estudiantes bachilleres, industriales nacionales, mujeres, centrales obreras e indígenas, en todas las clases sociales y todas las regiones, no han sido en vano. Pero la guerra contra el TLC no se ha ganado todavía y debemos multiplicar lo ya realizado con las marchas, protestas, foros, conferencias, reuniones, debates y artículos de opinión, a lo largo y ancho del país, para derrotar definitivamente este acuerdo antinacional.

FORTALEZCAMOS EL PARO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Informativo Resistencia Civil N° 4. OCE, Bogotá, abril 16 de 2008

El 8 de abril la asamblea triestamentaria de la sede de Bogotá aprobó por unanimidad la realización de un paro en la universidad nacional. Paulatinamente se han sumando las demás sedes de la universidad, Manizales, Palmira y Medellín, aumentando con eficacia la fuerza del movimiento universitario. Los objetivos del paro buscan frenar las nuevas medidas privatizadoras y represivas de Uribe Vélez sobre la educación superior.

El propósito inicial es el rechazo al Estatuto Estudiantil recientemente aprobado, en su parte académica, por el uribismo que conforma la mayoría en el Consejo Superior Universitario. Esta parte desarrolla lo concerniente a los estudiantes de la antidemocrática Reforma Académica: impone un “cupo de créditos”, que en concordancia con la reforma, oscilaría entre 100 y 160 créditos, sistema que implica el riesgo de cobrar por créditos y no por matrícula, aumentando los costos en la universidad, incluye la pérdida de la calidad de estudiante cuando se agote el cupo de créditos sin interesar el semestre que este cursando y existe la posibilidad de reducir la duración de las carreras mediante la nueva estructura de créditos.

A lo académico se suma una reglamentación nugatoria de libertades y derechos democráticos. Entre las medidas adoptadas esta el establecimiento de un régimen disciplinario que define como una alteración del orden, que puede dar lugar a la expulsión del estudiante, la realización de todo tipo de actividad de resistencia civil o libertad de expresión crítica en la universidad. Bajo el pretexto de la “convivencia y el orden” ahondan la política de seguridad democrática en la Universidad para tratar de acallar un tradicional frente de resistencia civil a la política imperialista. Para profundizar la política neoliberal en Colombia tienen que acallar a la Universidad Nacional.

La segunda finalidad del paro es el rechazo a un nuevo esquema de seguridad en la sede de Bogotá. Buscan hacer inversiones en tecnología que sustituyan la actual planta de celadores, para establecer un sistema de vigilancia de alta tecnología con cámaras y computadores, así como la instalación de postes de teléfonos en las 6 zonas en las que se dividiría la universidad para facilitar la represión del movimiento estudiantil.

En tercer lugar se exige una postura autónoma de la universidad para rechazar la concurrencia al pago del pasivo pensional. Mientras la totalidad de la comunidad universitaria esperaba el decreto reglamentario se profirió la Ley 1169 de 2007 –Ley de Presupuesto- que compromete 100.000 millones de los 500.000 que por Ley 30 de 1992 se destinaban para funcionamiento. Por último existe una postura crítica ante la reforma académica que implementa las competencias en los currículos de las carreras afectando la autonomía universitaria.

La Administración sólo ha recurrido a la mentira y al autoritarismo para defender sus postulados. Declaraciones de directivos de la Universidad que señalan que “se han consultado a todos los sectores de la universidad”, omiten que los estudiantes hemos organizado una consulta cercana a los 13.000 participantes que optaron por tres decisiones: rechazar el procedimiento y contenido del actual estatuto estudiantil y comprometerse en la elaboración democrática de uno nuevo. A eso se suma la orden de cierre de la sede de Bogotá que apunta con claridad a dispersar el movimiento, creemos que la universidad es de la nación colombiana y no puede ser cerrada como una empresa privada. Estas son pruebas fehacientes de la debilidad que comienza a mostrar tan ingente arremetida.

El objetivo fundamental del Gobierno es adecuar la educación superior al libre comercio que le dará paso a las transnacionales de la educación superior y a las universidades corporativas. Participemos masivamente en las actividades de paro, en las asambleas, movilizaciones y actividades culturales programadas por el movimiento, rechazando el modelo de una educación pobre para pobres que desean imponernos. Defendamos una universidad nacional, al servicio del país, científica al impartir los altos contenidos científicos de cada materia y democrática, puesta en beneficio de la población colombiana y en cuyo claustro se hagan eficaces las libertades y los derechos esenciales.

DEFENDAMOS UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD PARA TODOS

OCE Kennedy, Abril de 2008

Mientras el gobierno de Álvaro Uribe Vélez vuelca un alud de demagogia sobre la calidad de la educación colombiana, la arremetida neoliberal se hace cada vez más fuerte. Se han dictado una serie de medidas que van en detrimento de la calidad educativa. Ejemplo de ello es el recorte a las transferencias, que le quita a educación, la salud y el saneamiento básico cerca de 60 billones de pesos, y el decreto 1278 de 2002 o nuevo estatuto docente, que desprofesionaliza la carrera y arrebata a los maestros derechos laborales tan vitales como la estabilidad y los estímulos al estudio.

Y qué decir de la revolución educativa puesta en práctica por el Ministerio de Educación Nacional, y que con un criterio mercantilista apunta a privatizar la educación pública, tanto la básica y la media, como la profesional y la técnica del SENA, buscando adecuar el aparato educativo al TLC para que los jóvenes no tengan otra salida que la de vincularse a un mercado laboral manejado por las multinacionales, que solo necesitan mano de obra barata.

El gobierno de Lucho Garzón no fue ajeno en Bogotá a estas reformas educativas. Las aplicó de forma intensiva. Hoy la comunidad educativa se ha venido dando cuenta de las nefastas consecuencias que traen consigo estas medidas retardatarias. Es así como en la localidad de Kennedy, en lo corrido del 2008, los estudiantes de cinco instituciones educativas se han visto obligados a permanecer en sus colegios en tomas pacíficas. Protestan por el traslado masivo de profesores, el hacinamiento en las aulas, la falta de laboratorios y bibliotecas y la supresión de áreas básicas para la formación integral. Denuncian que se está reduciendo el proceso de aprendizaje a guarderías en las que únicamente se garantiza la permanencia de los estudiantes en las instituciones sin la garantía de recibir una educación pública de calidad.

Es por esto que la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, se solidariza con la justa protesta y hace un llamado a la comunidad educativa, profesores, padres de familia, estudiantes, personeros, representantes estudiantiles, líderes y demás jóvenes de la localidad, a hacer parte del proyecto de la OCE en Kennedy y Bogotá, contribuyendo a construir una agremiación estudiantil que abra espacios de estudio, debate, organización y movilización, por una educación pública científica y democrática.

UN APARATO EDUCATIVO RETARDATARIO, BALANCE DE 17 AÑOS DE GLOBALIZACIÓN

Jorge Enrique Robledo, Senador PDA

Un aparato educativo retardatario al servicio de una producción atrasada es lo que dejan 17 años de globalización neoliberal, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo durante la audiencia pública “En defensa de la calidad en la educación pública superior”. El evento, que tuvo lugar en el Capitolio Nacional, fue instalado por el doctor Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático Alternativo, quien hizo una cerrada defensa de la autonomía universitaria.

El TLC suscrito con Estados Unidos le impone a Colombia especializarse en maquiladoras y en producción de materias primas mineras y agrícolas, sin mayor valor agregado, lo que no requiere un grande avance del conocimiento en ciencias naturales. No habrá tampoco desarrollo de las ciencias sociales, pues se pretende encasillar las mentes en el pensamiento único del Fondo Monetario Internacional, “nada de pensamiento científico; simple ideología barata que funciona como instrumento de dominación”.

En el intento por hacer de Colombia un país de pacotilla, no sorprende lo afirmado por el primer rector de la Universidad Nacional en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien protestaba porque “quizás estemos ‘enseñando demasiado’, entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”. Si en Colombia se van a acabar el trigo y demás cereales, apenas lógico que los reformadores del gobierno vean que son demasiados cinco años de carrera en agronomía. Y para qué cinco años de ingeniería industrial o mecánica, si todo lo avanzado de la tecnología se importa de las trasnacionales. Según Robledo, los gobiernos neoliberales han renunciado a cualquier proyecto modernizador que busque hacer de Colombia un país parecido a las naciones industrializadas de la Tierra.

“Globalización significa privatizar”, que el Estado abandone su responsabilidad de educar a la gente, de tal modo que la mayor o menor calidad en la enseñanza quede sujeta a la lógica del mercado y al mayor o menor costo de la matrícula.

Para desarrollar a Colombia se necesita una educación científica de altísima calidad, a tono con lo más avanzado del planeta, lo que no será posible mientras los sectores democráticos no salgan en defensa de una educación pública adecuadamente financiada por el Estado, universal y absolutamente gratuita, concluyó el senador del Polo Democrático.

¡ESTUDIANTES DEL IED JOHN F. KENNEDY EN PIE DE LUCHA!

Los estudiantes llevamos un mes manifestando nuestro inconformismo por las medidas que se han venido tomando en el colegio, sin que el rector haya prestado hasta ahora la más mínima atención a nuestras reivindicaciones, entre ellas, primero, que no sean trasladados continuamente los profesores, pues se interrumpe el proceso de aprendizaje en detrimento de la calidad, y, segundo, que el Consejo Estudiantil sea tenido en cuenta como vocero de los intereses estudiantiles.

Hoy después de varios intentos infructuosos de diálogo con la administración del IED John F. Kennedy, los estudiantes decidimos permanecer en el Colegio para sentar nuestra voz de protesta, insistir en que sean atendidas nuestras reclamaciones y exigir la renuncia del Rector.

La situación del IED John F. Kennedy no es aislada, sino que hace parte de una problemática nacional. El gobierno de Uribe ha desatado una ofensiva que comprende un conjunto de medidas, dentro de las que se destacan el recorte a las transferencias para educación, salud y saneamiento básico por cerca de 60 billones de pesos acabando con la calidad que deben tener estos servicios; el decreto 1278 de 2002, que desmonta la carrera docente y quita derechos a los maestros. Con estas y otras medidas, el gobierno condena a la gran mayoría de los estudiantes a ser mano de obra barata para trabajar en las multinacionales o en los monopolios que se afianzarán con la profundización del libre comercio, hoy materializado en el TLC, impuesto por Estados Unidos.

Llamamos a padres de familia, profesores, consejo estudiantil y demás miembros de la comunidad educativa a apoyar las peticiones de los estudiantes. Llamamos también a los diferentes estamentos a que se organicen en pro de una educación de calidad, científica y democrática.

POR EL DERECHO AL ESTUDIO Y AL TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES VENDEDORES INFORMALES

Estudiantes Vendedores de la Universidad Nacional, Bogotá, marzo de 2008

Las reformas que se vienen implementando en la Universidad tienen como punto común el cercenamiento de libertades y derechos democráticos para estudiantes, trabajadores y profesores. La Reforma al Estatuto Estudiantil en el componente Disciplinario, crea un sistema policivo dentro de la UN; y en el Componente Académico, abre la puerta a una educación totalmente subordinada a los intereses del mercado, que tiene sus lineamientos en el ya aprobado Acuerdo 033 del 2007. El Bienestar Universitario sufre un detrimento sistemático: concesión a particulares de cafeterías y bibliotecas, falta de restaurante universitario, ausencia de transporte para estudiantes y cierre de las residencias universitarias.

A estos ataques ahora se suma la ofensiva contra los vendedores informales en la UN. Los argumentos de la Administración para retirarnos son los siguientes: primero, que somos “antiestéticos” para el campus; segundo, que los puestos se están convirtiendo en fachada para la venta de droga; y tercero, que no estamos sujetos al control y reglamento de la Universidad. Frente al primer punto hemos tomado como medidas garantizar que los puestos permanezcan limpios, que no sean generadores de basura y controlar el tamaño de los mismos. No tenemos certeza de que la venta de droga se este presentando, pero para la tranquilidad de todos, nos comprometemos ante toda la comunidad universitaria a que ningún puesto va a ser utilizado para tal fin. En lo correspondiente al tercer punto, estamos dispuestos a escuchar propuestas de la Administración que tiendan a respetar nuestro derecho al trabajo.

A pesar de eso sabemos que con ninguna de nuestras propuestas la Administración quedará conforme. Lo que se esconde bajo el manto de dichos argumentos es el avance de la privatización de la universidad, que se manifiesta en la concesión de las cafeterías a privados, cuyos contratos garantizan el consumo total de la comunidad universitaria. Los vendedores informales somos un riesgo para el llamado comercio formal. Son dos las opciones que tiene la rectoría, defender los intereses de los estudiantes como miembros activos de la comunidad universitaria o defender los intereses de Cafam y con ello la política de privatización y desmedro de la educación pública. La Posición de Wasserman fue clara al inclinar su balanza hacia la segunda posibilidad.

Dejamos claro que el motivo de nuestro trabajo es la necesidad que tenemos de estudiar para cubrir los gastos que el sistema de bienestar no asume. Las posibles soluciones que ofrece dicho programa (préstamo-beca, bono alimentario) no sirven porque en la mayoría de casos no podemos cumplir los requisitos.

Pedimos el apoyo de toda la comunidad universitaria porque es claro que la ofensiva de la administración es contra todos los estamentos, conformemos un gran frente común que de al traste con las iniciativas represivas y privatizadoras que hoy se ciernen sobre la universidad pública.