Cursa en el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que pretende calificar como contravención el que los niños y jóvenes participen en marchas y manifestaciones. Lo promueven tanto el gobierno como la bancada uribista-peñalosista. Se trata de una nueva arremetida de corte autoritario contra los estudiantes y los jóvenes y contra el derecho a la libertad de expresión, organización, movilización y protesta.
Para disfrazar el carácter antidemocrático del proyecto, los uribista-peñalosistas sostienen que en los desfiles y protestas los jóvenes ven comprometida su integridad personal y que participan en ellos manipulados por los adultos, pues esas actividades tienen que ver con “materias que no entienden y que no son propias de su edad”. También pretenden sancionar a los padres de familia por una supuesta utilización de los jóvenes para hacer más nutridas las movilizaciones.
En realidad, al prohibirles movilizarse so pretexto de proteger su integridad, se está sancionando es a los jóvenes, coartándoles el libre ejercicio de sus derechos democráticos. Se pisotea un mandato de la Constitución, pues a las autoridades corresponde cumplir con la función de garantizarles a todos los habitantes el ejercicio pleno de las libertades.
A quienes arguyen que hay temas no aptos para menores de 18 años, les respondemos que si el Tratado de Libre Comercio, la reforma constitucional al régimen de transferencias y la privatización de los servicios públicos van a lesionar a los colombianos de todas las edades, se justifica la más amplia resistencia civil para echarlos atrás. ¿Por qué marginar a los jóvenes del debate, las marchas y los mítines contra medidas oficiales cuyas gravísimas consecuencias van a acabar sufriendo?
La iniciativa está en últimas dirigida contra la libertad de pensamiento y movilización. Por todo lo anterior, los sectores democráticos de la juventud, tanto la universitaria como la de secundaria, deben iniciar la más amplia movilización por la defensa de sus derechos.
Para disfrazar el carácter antidemocrático del proyecto, los uribista-peñalosistas sostienen que en los desfiles y protestas los jóvenes ven comprometida su integridad personal y que participan en ellos manipulados por los adultos, pues esas actividades tienen que ver con “materias que no entienden y que no son propias de su edad”. También pretenden sancionar a los padres de familia por una supuesta utilización de los jóvenes para hacer más nutridas las movilizaciones.
En realidad, al prohibirles movilizarse so pretexto de proteger su integridad, se está sancionando es a los jóvenes, coartándoles el libre ejercicio de sus derechos democráticos. Se pisotea un mandato de la Constitución, pues a las autoridades corresponde cumplir con la función de garantizarles a todos los habitantes el ejercicio pleno de las libertades.
A quienes arguyen que hay temas no aptos para menores de 18 años, les respondemos que si el Tratado de Libre Comercio, la reforma constitucional al régimen de transferencias y la privatización de los servicios públicos van a lesionar a los colombianos de todas las edades, se justifica la más amplia resistencia civil para echarlos atrás. ¿Por qué marginar a los jóvenes del debate, las marchas y los mítines contra medidas oficiales cuyas gravísimas consecuencias van a acabar sufriendo?
La iniciativa está en últimas dirigida contra la libertad de pensamiento y movilización. Por todo lo anterior, los sectores democráticos de la juventud, tanto la universitaria como la de secundaria, deben iniciar la más amplia movilización por la defensa de sus derechos.
Aurelio Suárez Montoya
Candidato al Concejo Distrital de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo.
Bogotá, 10 de agosto de 2007.
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