OCE Regional Valle
El sindicalismo colombiano abandera al lado de los sectores populares afectados, una persistente lucha por defender y rescatar derechos fundamentales que el régimen autoritario de Uribe Vélez ha liquidado o insiste en arrasar.
Siendo senador de la República en 1993, Uribe promovió la ley 100 mediante la cual convirtió la salud en un negocio aberrante que entregó los recursos de la red pública hospitalaria y de la nación al control de las EPS privadas. Es decir, se le entrego la vida y la salud de los colombianos a la especulación financiera convirtiéndose en la verdadera causa de los sufrimientos que hoy padece la población. Junto al inefable Pastrana asfixió al Instituto del Seguro Social con la perversa competencia de los fondos privados, generando una mortandad mayor que la de todas las masacres juntas que desangran a Colombia y se volvió común que este gobierno use la fuerza policial para desalojar a los enfermos y vender las clínicas públicas.
Este comportamiento, más que cualquier otro, desnuda el alma fascista del gobierno de Uribe Vélez. Mientras los negocios de los monopolios de los “cacaos” criollos y de los inversionistas extranjeros crecen con la propaganda oficial, que los presenta como un crecimiento de la economía nacional, el desempleo y la vida de los colombianos es un martirio y sus derechos como el de la educación, la salud y el saneamiento básico reciben el más duro golpe del Uribismo con el nuevo recorte de las transferencias territoriales. Ante semejante descaro se impone la movilización del pueblo en defensa de un derecho fundamental oprobiosamente pisoteado por los traficantes del conocido “paseo de la muerte”.
FECODE denunció que hace seis (6) años, de cada $100.oo de los ingresos corrientes de la nación, se transferían $43, oo a las regiones, mientras que en el 2007 sólo se transfieren $33,oo y, con la reforma aprobada por el uribismo, para el año 2016 la cifra caerá a $27.oo . Entre el 2002 y el 2007 las regiones dejaron de recibir 27 billones de pesos y entre 2008 y 2016 perderán 49 billones. Mientras que en el año 1995 las transferencias valían 2,7 billones de pesos y el servicio de la deuda llegaba a 2,4 billones de pesos, en el año 2007 las trasferencias valen 16,8 billones de pesos (6,2 veces mas que en 1995) y el servicio de la deuda vale 39,5 billones de pesos (16,4 veces mas que en 1995)
Esta realidad contrasta con los 60 billones de pesos que Uribe dedicará a la guerra en los años 2007-2010, es decir, la “seguridad democrática” montada sobre el sacrificio de los derechos fundamentales de los ciudadanos para proteger los negocios de los monopolios y no la vida, honra y bienes de los colombianos.
Es por eso que el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, la oposición y las centrales obreras promovemos la recolección de firmas por un referendo que obligue al gobierno a respetar lo dispuesto en la constitución de 1991 en cuanto al cumplimiento de las transferencias fiscales a las regiones.
En esta política antipopular se enmarca la decisión del uribismo de abandonar a su suerte a instituciones como el SENA y el ICBF, cuyos servicios al pueblo dependen de los aportes parafiscales que pagan los trabajadores y que el gobierno pretende quitarles, burlando la ley que ordena su gasto para destinación específica y no para otros usos.
Por si fuera poco esta política antidemocrática que elimina los derechos fundamentales, se le suma el embelesamiento de someter al país a la firma del TLC con los Estados Unidos, lo que es una verdadera “traición a la patria”, porque despoja a Colombia de su autonomía soberana para planear su economía en beneficio de los intereses nacionales de la casa blanca.
Los tratados bilaterales, como el TLC, y ahora también con los europeos, benefician ampliamente a las multinacionales y profundizan las privatizaciones (EMCALI-EMSIRVA), despojan a los pueblos de sus saberes ancestrales y de sus recursos de biodiversidad, mineros, marítimos, energéticos, ambientales y territoriales. El ecosistema del biopacífico y puertos estratégicos como el de Buenaventura son una muestra de pérdida acentuada de soberanía.
Debemos aprender de la experiencia vivida por los mejicanos, quienes de ser productores de maíz pasaron a depender de las importaciones para alimentar a su población, tragedia que se está generalizando en Colombia y Centroamérica por la inundación de mercaderías extranjeras que arruinan el mercado interior causando la especialización en materias primas mineras y agrícolas.
Los gobernantes del Valle del Cauca creen haber descubierto el dorado al especializar su territorio en el negocio de los biocombustibles, sacrificando la producción de alimentos y sometiendo la mano de obra a salarios de hambre mediante el régimen de intermediación laboral promovida por el oligopolio azucarero a través de las cooperativas asociadas de trabajo para burlas las prestaciones y seguridad social, así como los derechos de organización y contratación colectiva de los trabajadores.
Este modelo privilegia los negocios de los inversionistas extranjeros y promueve políticas públicas de endeudamiento a favor de macroproyectos (MIO, TERMOEMCALI, PTAR, MALLA VIAL, SERCALI…) convertidos en rentas de especulación del capital financiero que encarecen las tarifas, las tasas y sobretasas, impuestos y valorizaciones hasta nunca acabar, manipulados por el círculo de negociantes amigos del poder uribista, mientras la producción y el comercio nacionales se empobrecen hasta arruinarse generando el vía crucis del desempleo.
Esta insoportable situación está generando un torrente unitario de todas las fuerzas sociales y democráticas para hacerle frente a un régimen despiadado y antipatriótico que le niega las más mínimas condiciones de dignidad al pueblo apertrechándose en la fuerza para imponer sus políticas impopulares, razón verdadera de su “seguridad democrática”: la negación de los derechos civiles bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Estas son razones suficientes para movilizarnos el próximo 10 de octubre y repudiar una política que avergüenza a Colombia ante el mundo, mientras el Presidente se empecina con su círculo de amigos en contradecir la verdadera realidad.
¡NO AL TLC!
