Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira 18 de marzo de 2008El debate realizado en el Congreso de Colombia por los senadores Cecilia López y Jorge Enrique Robledo sobre el cambio de aplicación oficial del predio rural CARIMAGUA, destinado por el INCODER a una firma empresarial en vez de asignarlo a las familias desplazadas por la violencia en el departamento del Meta, volvió a poner sobre la mesa las inmensas desigualdades que hay en el país, consentidas y agrandadas por las políticas públicas en marcha. Sonó tan duro la iniquidad imperante que, pese a la cantinela del ministro Arias y a que la “bancada uribista” se arrojó en masa a sofocar el escandaloso proceder, se develó -más aún que el desaguisado en discusión- cuán lejos está la solución a tanta injusticia vigente.
El Banco Mundial reconoce en su “reseña” de Colombia de octubre de 2007 que “la pobreza se mantiene como uno de los principales retos del país, junto con la desigualdad, que es una de las más altas de América Latina: los colombianos en el 20% más alto de la escala de recursos reciben el 60% del ingreso nacional”. Ese dato se complementa con que el 20% más pobre, por su parte, percibe menos del 3% y con que hasta el 40% más bajo en la escala no logra ni el 10% de la riqueza creada.
La distribución de la propiedad es en extremo ilógica. Según el catastro rural, (IGAC, 2004) el 0,06% de los propietarios, los que tienen más de 2.000 hectáreas, posee el 53,5% de la tierra; entre tanto, el 83%, con predios de menos de 15 hectáreas, tan sólo abarca el 7,2%. El coeficiente de Gini, usado para medir la desigualdad, que es un número entre 0 y 1 en donde 1 corresponde a la perfecta desigualdad, marca 0,91 cuando se refiere a la distribución del área rural y 0,81 cuando se trata del valor de la tierra agraria (Uniandes, 2005). En el catastro urbano (IGAC, 2005) ocurre igual. Los propietarios de menos de 200 metros cuadrados, que son la mitad de todos, tienen el 9% de la superficie, mientras los propietarios de más de 10.000, que son apenas el 0,54% detentan el 58,2 % del espacio. Por eso resulta indigno que la contribución de valorización por beneficio local, decretada en Bogotá en 2005, le confisque a localidades como la de Antonio Nariño, con un 40% de población en pobreza, el 3% del ingreso anual por habitante para cubrir el impuesto. Es un porcentaje mayor al que destinan para comprar leche o pan y más de la mitad de lo que pagan por IVA al año.
En el sector financiero sucede algo asombroso. Siete bancos y una compañía de leasing tienen el 65% de los activos financieros. (BM, Asobancaria, 2007) De 118 empresas inscritas en el mercado bursátil, que en 2005 valían $87 billones, los 20 mayores accionistas controlan el 80% del capital accionario (CID-UN, 2005). El mayor banco del país anunció que en 2007 ganó un billón de pesos, lo que significa más de un millón de dólares por día, el doble de 2005. El sistema financiero, bancos, corporaciones, fondos y compañías de seguros, ganó en conjunto 10,5 billones y, como el PIB creció algo más de $21 billones, recaudaron uno de cada dos pesos agregados.
La concentración del crédito es muy alta. Doce mil pequeñas y medianas empresas, que generan casi el 45% del empleo (UTP, 2007), obtienen difícilmente el 20% del crédito comercial y han dicho que las restricciones para el acceso a préstamos es el primer obstáculo para su desarrollo. En el agro es peor. En 2007, de casi 2,5 millones de pequeños propietarios, escasamente 138.597 accedieron a un préstamo con un monto promedio de $4,5 millones. Mientras tanto, los denominados “otros productores”, que fueron 36.143, recibieron cerca de 70 millones cada uno, capturando el 80% de los recursos totales dispuestos para el sector. (Minagricultura, 2008). Así mismo, los “apoyos para tasas de interés subsidiadas para exportadores” se repartieron en 2006 tan asimétricamente como todo. A una sola empresa láctea se le favoreció con $1.310 millones y al sector azucarero, un oligopolio, se le subsidiaron 36 operaciones por $5.511 millones, a razón de $153 millones cada una.
Está probada la naturaleza plutocrática del gobierno de Uribe, donde “existen influencias desequilibradas en la toma de decisiones a favor de los que ostentan las fuentes de riqueza”, como en Carimagua; es un sistema afín al neoliberalismo y que está en boga hasta en Estados Unidos. Lo ha denunciado allá el Working Group on Electoral Democracy: “El dinero es el mayor determinante de la influencia y del éxito político…determina los parámetros del debate público: qué cuestiones se pondrán sobre el tapete, en qué marco aparecerán, y cómo se diseñará la legislación”. El resultado es el mismo en toda latitud: la desigualdad es cada vez más desigual.
