La OCE manifiesta su apoyo al senador Jorge Robledo ante la arremetida uribista para acallarlo

NO RETROCEDERÉ ANTE LA INFAMIA

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 12 de junio de 2009.

Solo por una conspiración podría terminar acusado de tener o haber tenido algún vínculo con las Farc o con cualquier otra organización al margen de la ley. Pero como en Colombia estamos, me siento ante una conjura montada con irresponsabilidad o, peor aún, con una lógica tenebrosa y corrupta. Esta certeza tiene que ver con que, como es obvio, sé qué he dicho y hecho en cada pasaje de mis cuarenta años de vida política, regido siempre por las concepciones del MOIR, organización que nació con una posición de principios en contra de la lucha armada y el secuestro en Colombia.

Hay que ignorar la historia política de Colombia para no saber que el MOIR –al igual que otros sectores de la izquierda, la verdad sea dicha– no solo no participó ni respaldó moralmente la lucha armada, sino que siempre se le opuso en público, incluso cuando era bien difícil hacerlo. Además de las razones de principios, también explicamos que esa violencia estorbaba el logro de las transformaciones democráticas que el país requería y aún requiere, concepción que afortunadamente hoy pocos controvierten. Cuánto nos costó en esos momentos plantear, desde la izquierda, ese punto de vista, mientras actuaban al menos cuatro grupos guerrilleros con resonancia nacional e internacional, que contaron con cierta benevolencia social derivada de un régimen que ya era inicuo y del romanticismo que inspiró la revolución cubana. Bien complicado resultó derrotar una idea absurda que tuvo bastante fuerza: solo quienes respaldaban o justificaban la lucha armada podían reclamar para sí el honroso título de izquierdistas.

No nos habríamos vinculado al Polo Democrático Alternativo si la oposición a la lucha armada, al secuestro y a todo acto terrorista no fueran pilares del programa que unió a la izquierda democrática colombiana, posición que se ha expresado en decenas de declaraciones. Si hay un hecho de importancia histórica capital que ignorantes y politiqueros le niegan al Polo como un aporte positivo suyo al avance de las concepciones democráticas en el país, es que esta organización sentó veredicto sobre lo inaceptable de prácticas que se presentan como legítimas porque se realizan en nombre de la izquierda. Falta a la verdad, y lo hace con fines protervos, quien diga que esto no está claro en el Polo. De lo dicho se deduce algo que tampoco se puede dejar pasar: la lucha armada y el secuestro tampoco fueron legítimos antes de la Constitución de 1991.

Ante esta historia, confirmada por décadas de actuaciones públicas impecables que el país bien conoce, no dejó de sorprenderme, con ingenuidad que reconozco, que por petición de la Policía el Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, decidiera abrirme indagación preliminar por “presuntos vínculos con grupos al margen de la ley”. Aunque este acto jurídico no constituye una acusación, sin duda sí me lesiona políticamente, así luego se confirme, como estoy seguro que sucederá, que no he hecho nada que justifique esta indagación.

Con toda la tranquilidad de mi conciencia responderé a cualquier requerimiento, pero por ello mismo rechazo indignado lo que mi íntima convicción me lleva a calificar como una siniestra conspiración en contra mía por parte del gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez, gobierno que ha mostrado hasta dónde es capaz de llegar cuando en la propia Casa de Nariño se reunieron altos funcionarios de ese despacho y del DAS con delegados de reconocidos narcotraficantes para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia.

Me están cobrando mi frontal oposición a las políticas del gobierno, más los debates, entre otros, contra los TLC en el país y en el exterior, el tapen tapen presidencial para proteger a los parauribistas, la inmoralidad del ministro de Justicia, los negocios de los hijos del Presidente y el propósito de convertir a Colombia en una tiranía. Además, intentan silenciarme, al igual que amilanar al Polo y a todo aquel que se oponga al uribiato.

Pero que el Presidente Álvaro Uribe sepa que este senador, que se esfuerza por representar con dedicación y honradez la dignidad nacional y la democracia auténtica, no se va a silenciar. Y estoy seguro de que tampoco retrocederán los demás que resisten desde otras concepciones.
Cuán orgulloso me siento de no haber votado por el Procurador General de la Nación.

¿ES CARLOS GAVIRIA LA VERDADERA “HECATOMBE”?

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, junio de 2009.

Desde hace algún rato los Plinios del periodismo colombiano han desatado un infamante ataque contra Carlos Gaviria. “Anti reeleccionista reeleccionista”, al que se le imputa “un mando excluyente y disolvente” del Polo; inspirador “del suicidio asistido” del Polo; que quiere consolidar un partido “con la ortodoxia que lo rodea”; y, como en la orquestada campaña unos se citan a otros, alguno concluye, con base en expresiones como las aquí consignadas, que “en el Polo sólo van a quedar los más rancios estalinistas, los mamertos agrios y ciertos manzanillos cuya ambición pecuniaria y burocrática es más que evidente”. En la variada amalgama constituida se han incorporado también ciertas plumas que conservan el remoquete de “izquierdistas”, como otrora militantes de grupos insurgentes o como tolerantes con los mismos en épocas pretéritas. Se completó un “arco iris” de críticos que valida con ese pluralismo la justeza del ataque. No hay una sola refutación a las tesis de Gaviria, sólo descalificaciones y diatribas en los que, desde luego, no se ahorran ni modos ni formas, desde equipararlo con Uribe y Kim Jong Il, a la vez.

Cualquier ciudadano podría preguntarse cuál es la verdadera razón por la cual Carlos Gaviria es hoy la personificación del Anatema. Basta escuchar una reciente entrevista suya en televisión entregada a la periodista Margarita Vidal para encontrar el leitmotiv de la panda en mención. Al responder sobre las propuestas principales para Colombia, Gaviria no vaciló en destacar tres: 1) Rescatar la Dignidad Nacional, reprobando el indignante estado de postración de Colombia frente a Estados Unidos y buscando una relación de respeto mutuo, entiéndase sin Plan Colombia, sin bases militares, ni tratados comerciales colonialistas; 2) Un cambio de modelo económico, donde el Estado retome la orientación de la economía y el rumbo principal de la política pública sea hacia el pleno empleo de todos los recursos productivos empezando por el trabajo y haciendo para ello las reformas institucionales a que haya lugar; 3) La plena vigencia de la democracia, entendida como el ejercicio de los derechos fundamentales y ello como base de la seguridad en todos los campos para todos los asociados.

Esa claridad, sin ambigüedades, libre de retorcidas y altisonantes oratorias o de ridículos chascarrillos para ocultar las causas primeras de los males del país y la indispensable terapia que se requiere para erradicarlos, hace de Gaviria, el único, sí el único candidato, que se sale del libreto de las viejas concepciones imperantes. Que pugna por conducir a la Nación por el camino del ejercicio cabal de las libertades ciudadanas, desechando el miedo como soporte del poder, enfrentando las suciedades políticas, que han hecho de la democracia colombiana algo menos que una “de papel”, y revocando al, ése sí ortodoxo, neoliberalismo, que acabó por convertir a la sociedad nacional en una de las más desiguales del mundo. Por eso Gaviria es de Izquierda Democrática, por eso no es indiferente al proyecto uribista, ni a la reelección de su Sumo Pontífice ni a la escogencia del prosélito que imponga en el acto de ventrílocuo que también ensaya y en el cual muchos se relamen por representarlo aún a costa de envilecer su propia identidad.

La amplitud del proyecto de Carlos Gaviria la sintetizó él mismo en un artículo aparecido en El Tiempo el pasado domingo 7 de junio: “ningún demócrata que de verdad lo sea”, “no sería renuente a compartir” las metas propuestas en el Ideario de Unidad del Polo, dentro del cual se circunscriben sus proposiciones en esta campaña hacia la Presidencia. Los intelectuales colombianos no consideramos a Carlos Gaviria como poseedor de una inteligencia superior pero sí de una honestidad egregia, a contramano de la de algunos de estos gacetilleros, que, cuando abandonan las teclas del computador, vuelven a lo que realmente los desvela, los negocios y las comisiones que derivan de ahí, en los cuales se comportan a semejanza de los hijos del Ejecutivo.

Sin duda, Carlos Gaviria es una verdadera “hecatombe” para ellos, para sus símiles o para quienes están detrás de sus infamias.

ALERTA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: URIBE DESTRUYE LA DEMOCRACIA PARA REELEGIRSE

RECALCA, Bogotá, junio 11 de 2009

Alertamos a la comunidad internacional, a los gobiernos y parlamentos del mundo, a las centrales sindicales, movimientos sociales y a los organismos de derechos humanos, sobre la gravísima situación que estamos sufriendo en Colombia por cuenta de la agudización sistemática de los ataques del gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra las instituciones legítimas del país y contra quienes cuestionan y promueven alternativas a sus políticas por vías democráticas y pacíficas.
Múltiples hechos ponen en evidencia esta dramática situación:

· El acecho contra el poder judicial, a cuyos integrantes ha vigilado, calumniado y desconocido sistemáticamente, lo cual ha obligado la presencia de un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial y otro sobre las llamadas ejecuciones extrajudiciales, las cuales constituyen un crimen de Estado ampliamente documentado.

· La persecución contra dirigentes sociales, acusándolos irresponsablemente y sin pruebas de ser miembros de organizaciones armadas en Colombia, como lo acaba de hacer en su visita a Canadá, amenazando con capturarlos con el apoyo de otros gobiernos.

· La persecución contra destacados dirigentes políticos de oposición, como Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez y Jaime Caicedo, contra quienes la Procuraduría -institución sometida a los intereses del Presidente- ha abierto investigación disciplinaria, basada en supuesta evidencia de vínculos con grupos ilegales, en un acto más de manipulación de la justicia para perseguir contradictores políticos serios, respetados y legítimos y cerrar espacios democráticos por la vía de su criminalización.

· La amenaza de convocar a una Asamblea Constituyente para cerrar el Congreso de la República, si no se aprueba el referendo que le permitirá reelegirse.

· La persecución hacia importantes y reconocidos líderes indígenas, como Feliciano Valencia, Aida Quilqué y Daniel Piñacué, contra quienes se han expedido órdenes de captura, desconociendo la jurisdicción indígena claramente establecida en la Constitución Nacional.

· El recrudecimiento de los ataques y asesinatos de los líderes de las confederaciones de trabajadores del país, por lo que la OIT ha vuelto a incluir a Colombia en la lista de vigilancia de la Comisión de Aplicación de Normas, mientras que la Central Sindical Internacional ha vuelto a confirmar que de los 76 sindicalistas asesinados en 2008, más de la mitad lo fueron en Colombia.

· Los escándalos que rodean al gobierno todos los días se multiplican. La vinculación de altos funcionarios del gobierno con los grupos paramilitares, las interceptaciones telefónicas a miembros de las Cortes y de la oposición como parte de un programa sistemático de seguimiento a los mismos. las ejecuciones extrajudiciales y la presión sobre el Congreso para que apruebe la reelección, entre otros hechos.

En los últimos días, esta situación se ha agravado y Uribe Vélez ha pretendido, con numerosos viajes al extranjero y haciendo esfuerzos por suscribir lesivos tratados, tender una cortina de humo ante la opinión pública internacional, buscando apoyos a costa de enajenar el patrimonio nacional, aceptar toda clase de condicionamientos onerosos y distraer la atención sobre las realidades de su gobierno, acusando a todo el que se le opone de ser cómplice de actos terroristas, que han sido ampliamente condenados por quienes participan del movimiento indígena, social y de la izquierda democrática, a la cual el Gobierno estigmatiza y persigue.

Hacemos un llamado a todos los gobiernos y pueblos del mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano que sufre el resultado de 7 años de ataques a la democracia por parte de Álvaro Uribe Vélez. Las medidas del Gobierno, dirigidas al cierre de espacios democráticos, la centralización del poder en el Presidente y en los órganos del ejecutivo y de la fuerza pública, con vínculos evidentes con el narcotráfico y con el paramilitarismo, se están incrementando a medida que crece el cerco de las acusaciones, investigaciones y evidencias sobre las acciones ilegales y criminales del Gobierno.

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez pretende asfixiar las ya limitadas libertades constitucionales, desmantelar los derechos ciudadanos y colectivos, perseguir y silenciar cualquier forma de oposición democrática y entregar al mismo tiempo la riqueza y soberanía del país a cambio de obtener respaldos internacionales que le permitan superar su evidente ilegitimidad. La sociedad y la democracia Colombiana enfrentan a esta hora una gran amenaza que proveniente de su Gobierno.

Exigimos a los Jefes de Estado y a los Parlamentos de los países que están negociando o en proceso de ratificación de un Tratado de Libre Comercio con el gobierno colombiano, detener estos acuerdos que profundizarán la situación de pobreza, desplazamiento y violencia en Colombia y le darán al Presidente Uribe el respaldo que busca para consolidar su proyecto autoritario.

* Recalca congrega a 50 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.

ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Universidad Nacional, Bogotá, 18 y 19 De Abril de 2009

Presentación

La ofensiva privatizadora del gobierno se destaca en las distintas universidades del país, es más evidente el deterioro en todos los órdenes de la institución llamada a ser la conciencia crítica de la nación y la custodia por naturaleza de los derechos humanos. En este sentido lo que se encuentra en juego hoy es la esencia misma de la universidad su carácter crítico y transformador, donde se quiere imponer un modelo servil al mercado y regulado por éste. Por ello la discusión esencial debe ser sobre la implantación de este modelo como un retroceso y ataque a la universidad pública, a su calidad y pertinencia social. Es así como se vienen aplicando y concretando una seria de reformas estructurales que apuntan al desmonte de la autonomía universitaria, y las consecuencias nefastas que esto conlleva.

Los caminos de la concurrencia y la ley de quiebras, son reafirmadas por el régimen como la salida más acertada a la crisis financiara que padecen las instituciones públicas de educación superior, esta situación se agudiza sistemáticamente en universidades como: la Universidad de Caldas, Universidad del Valle, UPTC, UTP, UPN, U Pamplona, por mencionar alguno de los casos más pregonados por la ministra de educación y sin olvidar el lamentable desenlace de la Universidad del Atlántico. Y ni que decir de las múltiples reformas académico-administrativas que se han venido implementando, que socaban la calidad academica, la democracia y la autonomía universitaria; su piloto sin duda a sido la Universidad Nacional de Colombia, donde la aplicación de la reforma este semestre ha traído graves problemas estructurales de calidad, y que se ha impuesto de forma desordenada y con consecuencias que están asumiendo estudiantes y docentes, donde la administración ha tenido un actitud negligente frente a esta situación.

Pero además, este modelo de universidad viene acompañado de señalamientos y criminalización de los derechos civiles y políticos de los universitarios y el pueblo en general. En lo corrido del año las amenazas a los activistas universitarios se acerca al centenar, con tendencias a aumentar en las universidades donde existen mayores niveles de respuesta y rechazo a la política fijadas por el gobierno de Álvaro Uribe. En general hoy nos enfrentamos a una política que pretende consolidar un tipo de universidad, que no responde a los intereses del pueblo colombiano.

Esta situación exige una respuesta coordinada de los nunca rendidos, de las y los jóvenes universitarios que templan la dignidad del pueblo con el grito callejero que exige sus derechos, que somete el terror y disipa el miedo con una tormenta de libertad. Llamamos a todas y todos los universitarios a perturbar los silencios, al franco debate de los que nos une y a prescindir de lo que nos separa, con este espíritu de fraternidad y compromiso, bien venido sea el encuentro nacional de estudiantes universitarios.

Objetivo General

Establecer el grado de implementación de la política de educación superior del régimen de Álvaro Uribe en la universidad Colombiana e iniciar las discusiones organizativas de los estudiantes universitarios en la perspectiva de articular y unificar la movilización social. Todo ello con miras a desarrollar una propuesta conjunta que aporte en la construcción de un modelo alternativo universidad de cara a las transformaciones que requiere el país.

Objetivos Específicos

1. Generar un espacio de encuentro e intercambio del estudiantado universitario que permita hacer diagnósticos y propuestas conjuntas que le hable y proponga al país desde el papel de la universidad en la actualidad.

2. Analizar el estado actual y las implicaciones del modelo educativo para la educación superior en Colombia.

3. Reconocer las expresiones recientes de resistencia y lucha de los universitarios en el país con el propósito de establecer una agenda conjunta de movilización.

4. Discutir sobre las formas organizativas que demandan los estudiantes universitarios.

Preparación: En el marco del desarrollo metodológico del encuentro se requieren tener en cuenta los siguientes elementos: La preparación política y logística, en todas las universidades de forma unitaria entre todas las organizaciones y expresiones estudiantiles. Los informes por Universidad: en lo posible debe ser por escrito con un tiempo máximo para su exposición de 10 minutos. En cuanto a su contenido, debe incluirse tres bloques 1.Estado de las reformas: reformas académicas, calidad, presupuesto. 2.Democracia y autonomía universitaria: DDHH, autonomía y gobierno universitario 3. Situación del movimiento estudiantil: luchas, reivindicaciones, procesos organizativos y nivel de coordinación.

Orden del Día

Sábado 18 de Abril
9:00 a.m. -10:00 a.m. Panel: Implicaciones de la contrarreforma de la Universidad Nacional en la política de educación superior en Colombia. Profesores UN.
10:00 a.m.-1:00 p.m. Informes por Universidad
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. - 4:00 p.m. Informes por Universidad.
4:00 pm – 6:00 pm. Instalación de las Comisiones de trabajo 1. Caracterización de la situación universitaria 2. Organizativa 3. Agenda de Movilización 2009
Domingo 19 de Abril
9:00 a.m. - 11:00 a.m. Trabajo por comisiones.
11: 00 a.m. a 1:00 p.m Plenaria General - Conclusiones
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. a 4 pm. Plenaria General - Conclusiones

Lugar: Universidad Nacional De Colombia sede Bogotá
Convocan:
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES- ACEU

FEDERACION UNIVERSITARIA NACIONAL COMISIONES-FUN COMISIONES MODEP

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES-OCE

FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS- FEU

COMUNA UNIVERSITARIA
Apoya: MULTIESTAMENTARIA NACIONAL FEDERACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS

Nada que Festejar: ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS

Comisión de Comunicaciones, Medellín, marzo 29 de 2009

La declaración final, suscrita por ochenta y siete organizaciones nacionales y de todo el continente, además de hacer una crítica severa a la acción del BID como promotora de concentración de la riqueza, de expansión de la pobreza, del aumento de la dependencia, de la depredación ambiental y el desplazamiento, entre otras secuelas negativas, y plantea un conjunto de exigencias y propuestas que van desde sanción a los responsables de esas políticas, el reconocimiento del carácter de deudor del BID, la realización de auditorías a los créditos, la restitución de derechos conculcados y el reconocimiento de indemnizaciones, entre otras.

De la misma manera, la DECLARACIÓN DE MEDELLÍN, plantea la necesidad de una nueva estructura financiera para apalancar el desarrollo, de forma que se sustituya el BID por entidades en las que las decisiones sean tomadas por los países considerados en pié de igualdad y no de acuerdo al número de acciones que posean, y que tengan en el centro de su operación la economía al servicio de la mayoría de los seres humanos y de la naturaleza, y no a la inversa como es hoy.

El pronunciamiento final de la ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS, que será publicado junto con las memorias del evento, exige también una nueva forma de relación entre los países, de tal manera que estas se basen en el respeto mutuo y el beneficio recíproco, y un nuevo modelo de desarrollo fundado en la soberanía, la democracia y el concepto ancestral de las comunidades indígenas del “buen vivir”.

Las organizaciones participantes y que suscribieron la declaración, han profundizado su unidad, han logrado un enriquecedor intercambio de conocimientos y opiniones, y han reafirmado también el compromiso de redoblar esfuerzos para el logro de una sociedad equitativa, justa, democrática y respetuosa con la naturaleza.

En los cinco foros, el académico, el de acreedores, y los tres populares, y en los talleres temáticos se inscribieron y participaron dos mil personas de manera directa, y fueron seguidos por internet, por cerca de mil setecientas más. En la marcha de la tarde del jueves 26, que fue disuelta de manera arbitraria por la policía al llegar al Parque de Berrío, participaron más de siete mil ciudadanos y ciudadanas de todas las condiciones sociales. La suma de participantes de esta manera se supera ampliamente los diez mil, cifra que supera los cálculos de los organizadores, y demuestra el interés de la ciudadanía por conocer la opinión de quienes consideran que no hay nada que festejar cincuenta años despúas de iniciadas las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo.

¿DEL DESASTRE AGRARIO A LA PRESIDENCIA?

Jorge Enrique Robledo, Senador PDA, Bogotá, 6 de febrero de 2009.

En medio de la descarada violación de las leyes que juró cumplir, Andrés Felipe Arias destapó su ambición presidencial, porque, dijo, así se lo pidieron unos amigos. Pocos debieron de ser. Porque si se exceptúa a unos cuantos favorecidos, para los demás colombianos la política agraria es un desastre.

Si se cerraran las importaciones de alimentos, Colombia sufriría una hambruna. El país se quedaría sin pan ni pastas, sin cerveza ni maíz y sus derivados, es decir, sin arepas ni huevos ni carne de pollo y de cerdo. La escasez de granos (fríjol, lentejas, garbanzos) sería mayúscula, y el precio de los alimentos se iría a las nubes. Esto porque, según la SAC, de 2002 a 2007 las importaciones agrarias pasaron de 4.4 a más de ocho millones de toneladas, cifras que comprueban que los principales beneficiarios de la política oficial son los productores extranjeros y los importadores. ¡Y eso que el TLC se les empantanó!

Como el año pasado el precio de los alimentos se incrementó en 11%, la inflación general –de 7.67%– sobrepasó el aumento de los salarios, pero peor les fue a los más pobres, porque la proporción de su gasto en comida supera la del resto de los colombianos. Esto ocurrió porque se prefiere producir combustibles a alimentos y por el aumento de los precios de la comida importada, precios sobre los que el gobierno echó el cuento de que serían menores, para justificar los daños a la producción nacional y el TLC. Además, el agro creció menos que los otros sectores de la economía y el desempleo y la pobreza rural le suman a la violencia como causas de dos millones de nuevos desplazados entre 2002 y 2008.

Que Colombia haya perdido su seguridad o soberanía alimentaria tiene como responsables criollos a personajes como Arias y Uribe, pues hay tierras, aguas y gentes de sobra para autoabastecer el país. Fuera de facilitar las importaciones, mantuvieron el sesgo antiagrario de la política económica, sesgo que ilustra que el agro aporte el 11% del PIB y apenas reciba el 3% del crédito nacional.. Y los préstamos se concentran en un puñado, mientras al resto le tocan los agiotistas. No obstante lo macho como se presenta con tanta frecuencia ante las cámaras, el minagricultura tembló ante los monopolistas, que hacen lo que les da la gana con los precios de los insumos agrícolas y con lo que pagan por las cosechas. En el café, cuyos precios internacionales subieron no por obra del gobierno, se perdieron billones de pesos por la revaluación. Y el campo sufre por los altísimos impuestos a los combustibles y por unas vías convertidas en caminos de herradura.

Con el caso Carimagua, Arias, digno ex funcionario del FMI, hizo profesión de fe por la plutocracia y no por la democracia, es decir, por el gobierno de los ricos y no por el del pueblo. ¡Y de los ricos de verdad! Intentó que las 18 mil hectáreas no fueran para los campesinos desplazados y ni siquiera para varios empresarios, sino para uno solo, que para poder aspirar a ese premio gordo tenía que demostrar ingresos agrarios por 50 mil millones de pesos en los años anteriores. En Semana (Mar.11.08), el ministro afirmó que si a los pobres del campo les daban tierra, se volvían guerrilleros o paramilitares, silenciando que el 70% del valor en el agro lo genera el campesinado, a pesar del abandono estatal y la pobreza. Y fue capaz de afirmar que Colombia debía imitar el modelo malayo, tema del que no volvió a hablar cuando en el Senado se explicó que en Malasia hay una monarquía corrupta, con haciendas palmeras de 12 mil hectáreas en promedio y donde los jornaleros trabajan en condiciones miserables.

Bastantes escándalos por corrupción e indelicadezas, con paramilitares y todo, sacudieron dependencias del Ministerio de Agricultura. Afortunadamente, se hundió la ley de bosques, que apuntaba a arrasar las selvas naturales de Colombia. De la llamada ley “de desarrollo rural” la Procuraduría dijo que era anti pobres del campo.. En un pasaje que en otro país le hubiera costado el puesto, Arias adujo que los indígenas tenían 31 millones de hectáreas, lo que los hacía algo así como latifundistas, mientras que con dolo ocultó que el 90% de esas tierras son selvas, parques naturales, desiertos y páramos, lo que no las hace aptas para la explotación agropecuaria. Persiguió los mataderos locales y la economía campesina en los negocios lácteo y avícola. E intentó financiar su clientelismo con un impuesto a la leche.

¿Carece, entonces, Andrés Felipe Arias de méritos para ser candidato? Por el contrario, sus favorecidos sostienen que los tiene todos.