La reforma a las transferencias sigue su curso en un Congreso de la República cooptado en su mayoría por el narcoparamilitarismo, y que legisla en contra del pueblo.
La comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el 30 de mayo en penúltimo debate la reforma al sistema general de transferencias, ahora queda faltando el último debate en la plenaria a realizarse antes de 14 días.
Las fórmulas base para el incremento que se aprobaron fueron inflación causada más 4 por ciento durante el 2008 y 2009; inflación más 3,5 por ciento en el 2010, e inflación más 3 por ciento del 2011 al 2016.
Para diversos analistas y representantes de FECODE lo primero que hay que denunciar es que: una fórmula de incremento clara, respetuosa con los principios constitucionales y responsable con las necesidades del país debe partir del reconocimiento de las participaciones como un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación, y no de la inflación mas unos cuentos puntos insignificantes.
Por esta vía se le estarían quitando cerca de 50 billones de pesos a las regiones hacia el 2015, y los entes territoriales llegarían a recibir menos del 30% de los ingresos corrientes de la Nación a diferencia del 33% que reciben hoy tras el recorte pastranista del 2001 liderado por Juan Manuel Santos entonces Ministro de Hacienda.
La Constitución del 91 estableció que las transferencias de la Nación a las entidades territoriales para atender los gastos en educación, salud, agua potable y otras necesidades, serían un porcentaje creciente de los Ingresos Corrientes de la Nación. Luego para reglamentar dicho mandato por medio de la Ley 60 de 1993 se adoptaron decisiones que llevaron a un crecimiento sostenido de las participaciones de las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación, pasando del 34% en 1994 al 43% en 2001, en términos reales.
Ello era un reconocimiento a la inmensa brecha entre las necesidades de la población y los recursos asignados el reducido porcentaje de los ingresos y del Producto Interno Bruto asignado a la inversión social, en comparación con otros países de similar desarrollo; la necesidad de fortalecer con recursos el proceso de descentralización y dar un soporte real,
financiero, a los derechos establecidos en la Carta Magna.
Con el Acto Legislativo 01 de 2001 hubo un decrecimiento de la participación de las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación, pasando del 43% efectivo en 2001 al 33,5 en 2008, según los estudios de la Contraloría General de la Nación y la Federación de
Departamentos, con base en los cálculos del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. El anterior modelo, que el actual gobierno quiere perpetuar, se presentó engañosamente como temporal o transicional declarando en el parágrafo tercero del Acto Legislativo de 2001 que: “Al finalizar el período de transición, el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación destinados para el Sistema General de Participación será como mínimo el porcentaje que constitucionalmente se transfiera en el año 2001”.
Esto significa que la participación real de las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación debe pasar del 33,5% de 2008 al 43% que se establecía en el 2001. Actualmente el gobierno argumenta que volver al sistema anterior al de 2001 es mucha plata, lo cual implica un reconociendo de la magnitud del recorte del período de transición 2001-2008.
También el gobierno presenta el actual recorte a las transferencias en defensa de los intereses de la nación y su “viabilidad financiera”, y con el mayor descaro característico de la tecnocracia acusa a FECODE y todos los que se oponen al nuevo acto legislativo como representantes de intereses sectoriales contrarios a los de la nación. Hay que recordar y tener presente que tanto el acto legislativo de recorte a las transferencias del 2001 como el que actualmente se quiere aprobar han sido iniciativas a partir de compromisos explícitos con el FMI en acuerdos stan-by.
Entonces tras el discurso de las “salud de las finanzas públicas” se esconde los intereses de la banca financiera multilateral, y no los derechos de los sectores más pobres de la sociedad y sus regiones. No sorprende el grado de cinismo en el intento de tergiversar la realidad de los intereses en juego. Mientras tanto después de la exitosa e histórica movilización del 30 de mayo de profesores y estudiantes, el paro de educadores y de Universidades públicas se mantiene firme contra el recorte a las transferencias y el PND.
www.colombia.indymedia.org
La comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el 30 de mayo en penúltimo debate la reforma al sistema general de transferencias, ahora queda faltando el último debate en la plenaria a realizarse antes de 14 días.
Las fórmulas base para el incremento que se aprobaron fueron inflación causada más 4 por ciento durante el 2008 y 2009; inflación más 3,5 por ciento en el 2010, e inflación más 3 por ciento del 2011 al 2016.
Para diversos analistas y representantes de FECODE lo primero que hay que denunciar es que: una fórmula de incremento clara, respetuosa con los principios constitucionales y responsable con las necesidades del país debe partir del reconocimiento de las participaciones como un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación, y no de la inflación mas unos cuentos puntos insignificantes.
Por esta vía se le estarían quitando cerca de 50 billones de pesos a las regiones hacia el 2015, y los entes territoriales llegarían a recibir menos del 30% de los ingresos corrientes de la Nación a diferencia del 33% que reciben hoy tras el recorte pastranista del 2001 liderado por Juan Manuel Santos entonces Ministro de Hacienda.
La Constitución del 91 estableció que las transferencias de la Nación a las entidades territoriales para atender los gastos en educación, salud, agua potable y otras necesidades, serían un porcentaje creciente de los Ingresos Corrientes de la Nación. Luego para reglamentar dicho mandato por medio de la Ley 60 de 1993 se adoptaron decisiones que llevaron a un crecimiento sostenido de las participaciones de las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación, pasando del 34% en 1994 al 43% en 2001, en términos reales.
Ello era un reconocimiento a la inmensa brecha entre las necesidades de la población y los recursos asignados el reducido porcentaje de los ingresos y del Producto Interno Bruto asignado a la inversión social, en comparación con otros países de similar desarrollo; la necesidad de fortalecer con recursos el proceso de descentralización y dar un soporte real,
financiero, a los derechos establecidos en la Carta Magna.
Con el Acto Legislativo 01 de 2001 hubo un decrecimiento de la participación de las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación, pasando del 43% efectivo en 2001 al 33,5 en 2008, según los estudios de la Contraloría General de la Nación y la Federación de
Departamentos, con base en los cálculos del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. El anterior modelo, que el actual gobierno quiere perpetuar, se presentó engañosamente como temporal o transicional declarando en el parágrafo tercero del Acto Legislativo de 2001 que: “Al finalizar el período de transición, el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación destinados para el Sistema General de Participación será como mínimo el porcentaje que constitucionalmente se transfiera en el año 2001”.
Esto significa que la participación real de las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación debe pasar del 33,5% de 2008 al 43% que se establecía en el 2001. Actualmente el gobierno argumenta que volver al sistema anterior al de 2001 es mucha plata, lo cual implica un reconociendo de la magnitud del recorte del período de transición 2001-2008.
También el gobierno presenta el actual recorte a las transferencias en defensa de los intereses de la nación y su “viabilidad financiera”, y con el mayor descaro característico de la tecnocracia acusa a FECODE y todos los que se oponen al nuevo acto legislativo como representantes de intereses sectoriales contrarios a los de la nación. Hay que recordar y tener presente que tanto el acto legislativo de recorte a las transferencias del 2001 como el que actualmente se quiere aprobar han sido iniciativas a partir de compromisos explícitos con el FMI en acuerdos stan-by.
Entonces tras el discurso de las “salud de las finanzas públicas” se esconde los intereses de la banca financiera multilateral, y no los derechos de los sectores más pobres de la sociedad y sus regiones. No sorprende el grado de cinismo en el intento de tergiversar la realidad de los intereses en juego. Mientras tanto después de la exitosa e histórica movilización del 30 de mayo de profesores y estudiantes, el paro de educadores y de Universidades públicas se mantiene firme contra el recorte a las transferencias y el PND.
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