La Asociación Distrital de Educadores ADE, denuncia ante la prensa, la opinión publica, las entidades de control del estado y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Los graves hechos ocurridos en Bogotá, el 26 de mayo y la madrugada del domingo cuando escuadrones de policía por orden presidencial sin mediar orden judicial ni denuncia previa, de manera violenta, utilizando gases lacrimógenos, saltándose las paredes, tumbando puertas e intimidando a los presentes invadieron instituciones educativas en las cuales se desarrollaban asambleas permanentes y procedieron a desalojar por la fuerza a sus estudiantes, en medio de la protesta y la indefensión de los vecinos. En el desarrollo de esos hechos resultaron heridos varios jóvenes que debieron ser hospitalizados.
Es muy grave para el país que el presidente de la Republica, considere como objetivo militar y territorio de guerra a la escuela y que haya dado la orden de desplegar sus armamentos contra ella. Esa agresión, constituye de entrada una violación flagrante de los derechos humanos. Pero el asunto que a nuestro juicio debe alertar a los sectores democráticos, a los sectores de oposición y al propio gobierno de Bogotá es la invasión y el respectivo abuso de autoridad presidencial y de ostentación armada, contra la autonomía territorial y la legitimidad del gobierno de Bogotá, lo cual presagia el advenimiento de una abierta dictadura civil.
Es evidente que el primer mandatario lanza su mano dura con el pueblo y en cambio, con los criminales mano blanda, corazón grande y excarcelación.
La indignación del magisterio por estos hechos conlleva a una mayor firmeza para defender los recursos destinados a la educación, para exigir democracia, respeto al ejercicio ciudadano a la protesta social, rechazar y denunciar el terrorismo de estado.
La Junta Directiva de la ADE exige la intervención inmediata de los partidos políticos, la OIT, la Central Sindical Internacional CSI, la Federación Estadounidense del Trabajo, AFL-CIO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las centrales obreras de Colombia, la internacional de la educación, la defensoría del pueblo, la Personería, la Procuraduría General de la Nación y los organizaciones defensoras de Derechos Humanos para que cesen las hostilidades, los atropellos y se propicie el dialogo y la negociación para restablecer la normalidad académica.
Los graves hechos ocurridos en Bogotá, el 26 de mayo y la madrugada del domingo cuando escuadrones de policía por orden presidencial sin mediar orden judicial ni denuncia previa, de manera violenta, utilizando gases lacrimógenos, saltándose las paredes, tumbando puertas e intimidando a los presentes invadieron instituciones educativas en las cuales se desarrollaban asambleas permanentes y procedieron a desalojar por la fuerza a sus estudiantes, en medio de la protesta y la indefensión de los vecinos. En el desarrollo de esos hechos resultaron heridos varios jóvenes que debieron ser hospitalizados.
Es muy grave para el país que el presidente de la Republica, considere como objetivo militar y territorio de guerra a la escuela y que haya dado la orden de desplegar sus armamentos contra ella. Esa agresión, constituye de entrada una violación flagrante de los derechos humanos. Pero el asunto que a nuestro juicio debe alertar a los sectores democráticos, a los sectores de oposición y al propio gobierno de Bogotá es la invasión y el respectivo abuso de autoridad presidencial y de ostentación armada, contra la autonomía territorial y la legitimidad del gobierno de Bogotá, lo cual presagia el advenimiento de una abierta dictadura civil.
Es evidente que el primer mandatario lanza su mano dura con el pueblo y en cambio, con los criminales mano blanda, corazón grande y excarcelación.
La indignación del magisterio por estos hechos conlleva a una mayor firmeza para defender los recursos destinados a la educación, para exigir democracia, respeto al ejercicio ciudadano a la protesta social, rechazar y denunciar el terrorismo de estado.
La Junta Directiva de la ADE exige la intervención inmediata de los partidos políticos, la OIT, la Central Sindical Internacional CSI, la Federación Estadounidense del Trabajo, AFL-CIO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las centrales obreras de Colombia, la internacional de la educación, la defensoría del pueblo, la Personería, la Procuraduría General de la Nación y los organizaciones defensoras de Derechos Humanos para que cesen las hostilidades, los atropellos y se propicie el dialogo y la negociación para restablecer la normalidad académica.
Junta Directiva Asociación Distrital de Educadores
Hernán Trujillo Tovar, Presidente; Melva Rincón Suárez, Secretaria general; Luis Alberto Garzón, vicepresidente; Pedro Luis Arango, Fiscal; Clemencia Vanegas, Tesorera; Carlos Ramírez, sec. Prensa; Luz Stella Olaya Rico, secretaria de Asuntos pedagógicos; Miguel Ángel Pardo Romero, sec. Asuntos jurídicos; William Agudelo Sedano, sec. Asuntos sindicales; Evelio Delgado, sec. Asuntos Comunidad
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